DIPUTADOS PANISTAS ABRIERON A MAM POSIBILIDAD DE LIBRAR SANCIONES, AFIRMAN DIPUTADOS DEL PRI
=Diputados priistas reiteraron estar a favor de la legalidad, la transparencia y el debido proceso; votaron en contra del dictamen de la Comisión de Hacienda para sancionar al ex gobernador y 5 ex colaboradores por fallas en el procedimiento =Diputado panista reconoce “riesgos de perder” en Tribunales por fallas en el proceso, pero voto a favor del dictamen.
Los diputados priistas advirtieron ante el pleno del Congreso del Estado que “por omisiones y fallas en el dictamen” presentado por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, retomadas por la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, el procedimiento sancionador que se ha iniciado en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y 5 de sus ex colaboradores “pudiera perderse en Tribunales”. ya que al violarse las garantías de audiencia y debido proceso, facilitará su defensa legal, lo que pudiera servirles para evadir sanciones a los probables actos de los que pudieran ser responsables.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, presentó su dictamen correspondiente al Informe de Resultado de Revisión de Situación Excepcional practicada al Gobierno del Estado durante el Ejercicio Fiscal 2015, emitido por el Osafig, en el cual se proponen responsabilidades y la sanciones económicas en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y 5 de sus ex colaboradores por haber incurrido “en presunta desviación de recursos del Gobierno del Estado”.
A pesar de que algunos diputados panistas reconocieron y validaron los argumentos presentados por la fracción priista, en el sentido de que el dictamen en discusión presenta inconsistencias que ponen en riesgo de perderse en tribunales, la mayoría panista aprobó dicho dictamen.
El diputado priista Santiago Chávez Chávez, en su calidad de Vocal de la Comisión de Hacienda, presentó una propuesta para modificar el sentido del dictamen presentado por la Comisión mencionada y la Osafig, mencionando que ambas instancias “incurrieron en violaciones” a la Constitución Política Federal y no cuidaron “el debido proceso”, así como “violentaron los derechos humanos” de los presuntos responsables al “no otorgarles su derecho de audiencia”.
Explicó el priista que “con motivo de la reforma del 6 de junio de 2011 al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha establecido un sistema innovador en materia de defensa de los Derechos Humanos, que ha transformado la percepción y la interpretación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, al establecer que en el país todas las personas gozan de los Derechos Humanos reconocidos por la Carta Magna y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse sino en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece”.
Asimismo, mencionó que la Constitución ha privilegiado que las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
“Por todo lo señalado es innegable que toda autoridad, jurisdiccional, administrativa y legislativa, y en el caso específico que se analiza, el Osafig, así como el Auditor Superior del Estado y la Comisión de Hacienda, tenían el deber de resguardar los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución Federal, de los presuntos infractores señalados en el Informe de Resultado de la Revisión y en el procedimiento de elaboración del Dictamen”.
Expresó que esas instancias debieron otorgar a los presuntos infractores en su favor “las garantías esenciales de Audiencia y Debido Proceso Legal que debe prevalecer en todo Estado de Derecho, más aún cuando se pretende privar del patrimonio, posesiones y derechos de los mismos”.
Chávez Chávez aclaró que “es necesario aclarar que de existir algún tipo de conductas sancionables en contra de los presuntos infractores, estos deben ser sancionados de acuerdo a lo establecido por la propia normativa legal aplicable, y señalar que en ningún momento se busca justificar los supuestos punibles que se pudieran llegar a acreditar o permitir la impunidad”.
Asentó que “el no haber otorgado el Osafig y la Comisión de Hacienda a los probables infractores la garantía de audiencia y el debido proceso legal, se corre el riesgo de perder el asunto en tribunales, esto es que debió haber otorgado ese derecho y llamado a los presuntos implicados para que tuvieran la oportunidad de conocer, informarse y poder presentar argumentaciones y defensas en su favor”.
Insistió en que esta omisión del Osafig y de la Comisión de Hacienda, “transgrede la esfera jurídica de los presuntos infractores, dejándoles en estado de indefensión, lo que podría generar la interposición de medios de impugnación en su favor, lo que evidenciaría la ineficiencia en las tareas de revisión y fiscalización de las citadas autoridades”.
Es por ello que solicitó no declarar concluido el proceso de revisión y fiscalización de situación excepcional del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
La fracción priista en la LVIII Legislatura, reiteró que está a favor de la legalidad, de la rendición de cuentas y del debido proceso, así como sanciones a presuntos infractores de la Ley.
ACEPTA NICO RIESGOS
Por su parte, el panista Nicolás Contreras Cortés, presidente del Congreso, también manifestó que con la argumentación presentada por la fracción priista le surgieron diversas inquietudes sobre el dictamen presentado y advirtió que “existe el riesgo” que por deficiencias se pueda perder el juicio en Tribunales.
Contreras Cortés advirtió que en el dictamen de Hacienda como el Informe del Osafig en su parte medular no realizó la debida vinculación de las hipótesis jurídicas violadas con las conductas especificas realizadas y los supuestos irregulares cometidos; es decir, “adolece de la debida motivación con el consiguiente riesgo de que se determine su inconsistencia”.
Tanto priistas como Nicolás Contreras afirmaron que es claro su compromiso por que se haga justicia y se aplique todo el peso de la ley contra quienes quebrantaron al erario estatal, “por ello nuestra preocupación de que el procedimiento se realice de forma adecuada, para no dar la oportunidad a los presuntos implicados de salir airosos de estas responsabilidades que se les pretenden fincar y para no ser exhibidos como la legislatura que propició que los presuntos responsables evadieran la ley”.