Rechaza Carlos Cruz haya conflicto de intereses como destaca “Libro Blanco”

En conferencia de prensa, el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Colima, Carlos Cruz Mendoza negó que hubiera conflicto de intereses en obras adjudicadas a la empresa de su hijo por parte del gobierno estatal, tal y como lo señalara en su informe denominado “Libro Blanco” de la empresa PWC.

Al señalar que la empresa de su hijo se encuentra legalmente establecida, teniendo un domicilio fiscal en Colima y no Armería como se establece en dicho documento, aseguró que dicha empresa presta diversos servicios tanto a iniciativa privada como a dependencias estatales de los tres niveles de gobierno.

De las tres obras que en el informe de PWC señalan como adjudicadas a la empresa de su hijo, precisó que solo una de ellas fue ejecutada por esta empresa, siendo esta la de 9 millones 126 mil pesos del programa PROSSAPYS. De las otras dos obras, refirió el funcionario federal, fueron ejecutadas por una empresa de Guadalajara (de la cual se reserva el nombre por no violentar la privacidad de la misma).

Ante ello, dijo que en la obra que si fue realizada por la empresa de su hijo para el gobierno estatal, no hay “conflicto de intereses” con su labor como delegado federal de Sedesol, toda vez, argumentó SEDESOL no tiene participación en la licitación pública que publicó la Sedur en 2014.

Además, precisó tampoco forma parte del catálogo de obras de SEDESOL, porque el Programa Prossapys pertenece a Conagua y lo ejecuta el gobierno del estado a través de la Seidur, siendo esta la institución que debe responder por las adjudicaciones de dichos contratos.

Es por ello, reiteró, no existe conflicto de intereses, por lo que pide a la empresa PWC realizar las aclaraciones correspondientes, puesto que al parecer señala “existen errores en dicho informe”.

Pues además, refirió, dentro del informe de la empresa en el denominado “Libro Blanco” existen muchas empresas colimenses a las que se les hace el señalamiento de no contar con la capacidad financiera para realizar la obra licitada “es una responsabilidad que tiene la dependencia que hizo el contrato, de dar respuesta a esta supuesta falta de capacidad financiera”, finalizó.

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