Por carecer de fundamentos técnicos y por querer aprobar al vapor reformas a la Ley de Hacienda del Estado para incluir nuevos cobros por servicios de registro y autorizaciones, la Diputada Martha Sosa a nombre de la fracción panista solicitó se retirara el dictamen y se turnara a comisión, para que fuera analizado a profundidad y se conocieran los impactos reales que pudieran tener en caso de ser aprobado.
“El que pueda cobrarse a cualquier ejidatario o pequeño propietario, por hacer un acceso a su parcela, en colindancia al derecho de vía de un camino ínter o intramunicipal, debe preocuparnos; además de que el dictamen no contempla coordinación alguna con las autoridades municipales que correspondan, según la clasificación hecha para cada municipio”, comentó.
La legisladora argumentó que, inexplicablemente, en el considerando primero del dictamen se señala que, complementa a la Ley de los Caminos y Puentes del Estado de Colima, emitida por la Legislatura anterior, en la que se determinó el procedimiento para concesionar los mismos; cuando no era así, exhibiendo la ley publicada y en la que, en ninguna parte – dijo enfáticamente-, señalaba siquiera que en los caminos y puentes estatales pudieran cobrarse cuotas, afectando de esta manera a la economía de los colimenses.
“El que ahora, en la ley de Hacienda Estatal se contemple diversos cobros para obras y servicios, es preocupante, sobre todo a la luz de las nuevas oportunidades de inversión con la Ley de Asociaciones Público Privadas, no sólo por esa posibilidad, sino porque además no se explicaba el estudio técnico con el que se determinó el monto de las cuotas a cobrar en Umas, que cada año se actualizarán conforme a la inflación”, puntualizó Sosa Govea.
Al respecto, el diputado Miguel Alejandro García Rivera señaló que no se siguió el proceso legislativo, al no haber sido citada la Comisión de Mejora Regulatoria en dónde sería analizado el dictamen, por lo que después de un receso, la nueva mayoría decidió regresarlo a comisiones.