A iniciativa de Octavio Tintos Trujillo, el Congreso Estatal exhortó a los diez ayuntamientos, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur) y al Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), para que inhiban la gestació de asentamientos irregulares.
A través de un punto de acuerdo, el Legislativo pidió también a esos entes públicos que promuevan la regularización de los asentamientos irregulares existentes, con el objeto de crear centros de población ordenados y con garantía de servicios públicos.
En ese sentido, el Congreso del Estado exhortó a los titulares de los diez ayuntamientos, así como al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Seidur y el Insuvi, para que identifiquen los asentamientos irregulares en proceso de edificación a efecto de suspenderlos o clausurarlos, así como denunciarlos ante las instancias correspondientes.
Tintos Trujillo señaló que su exhorto tiene como base lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, que otorga facultades para denunciar administrativa y penalmente la existencia de asentamientos irregulares o la gestación de éstos; así como la facultad a cargo de las autoridades competentes para suspender cualquier obra o venta de predios que se realicen ilícitamente.
“No es necesario hacer grandes estudios y análisis para darnos cuenta de la existencia de estos asentamientos irregulares, los cuales no son culpa de la gente, sino de la autoridad que no vigila el crecimiento de sus centros de población, los cuales en el futuro comprometen la prestación de los servicios públicos municipales”, expresó Tintos Trujillo.
Dijo que ese fenómeno identifica una problemática diversa: crecimiento desordenado, pobreza, exclusión social, migración, desempleo, salarios bajos, escasos niveles de educación y resistencia a ser reubicados.
En otros aspectos, ese tipo de centros de población también denotan falta de planeación urbana, agotamiento de reservas territoriales, y falta de acceso a servicios de la vivienda, como drenaje, agua potable, luz, y zonas de riesgo ambiental.
“Es tiempo de que empecemos a ver la existencia de este problema que ya es patente, pero que aún podemos corregir, ya que una acción oportuna ha de permitir que en Colima existan centros de población ordenados, con garantía en la prestación de servicios públicos; así como garantía en la propiedad, uso y destino del suelo en que se encuentran asentados”, finalizó.