En la revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Poder Legislativo, el Congreso del Estado aprobó por mayoría proponer sancionar con amonestación pública a ocho exdiputados locales que se autorizaron y recibieron un apoyo económico sin estar sujeto a comprobación.
La sanción administrativa propuesta es para Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, todos exintegrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.
También se aprobó sugerir amonestación pública para Oscar Valdovinos Anguiano, expresidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y a Arturo García Arias, expresidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.
En su dictamen de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del año 2015 del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos propuso la amonestación para los exintegrantes de la Comisión de Gobierno Interno, debido a que los 50 mil pesos recibidos por cada uno de ellos no fueron sujetos a comprobación alguna.
La Comisión dictaminadora expuso que al no constituir la autorización y recepción del apoyo económico un bono prohibido, como lo señaló el Osafig en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Poder Legislativo, resultaron improcedentes las propuestas de sanción por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
El dictamen indica que ese recurso económico no fue autorizado como una percepción propia, sino que fue asignado para cubrir las prestaciones del personal que realizó actividades de asesoría para los entonces integrantes de la Comisión de Gobierno Interno.
Santiago Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, dijo que se presentaron recibos por servicios personales independientes, firmados por las personas que realizaron dicha actividad, así como los contratos de prestación de servicios profesionales.
Chávez Chávez expuso que en esta observación, a petición de los interesados, como sucedió con otros entes fiscalizados, se recabaron recibos por servicios personales , contratos y obtuvieron pruebas de quienes estuvieron ayudando en las labores que señalan los acuerdos parlamentarios, mismos que generaron la entrega de los recursos públicos a los diputados.
Respecto a los exdiputados Valdovinos Anguiano y García Arias, se aprobó proponer para ellos amonestación pública, pues mediante un acuerdo parlamentario de fecha 31 de marzo de 2015, se autorizaron recursos extraordinarios no sujetos a comprobación por 100 mil pesos a cada una de ellos, para el cumplimiento de sus actividades propias.
En ese sentido, la autorización de ese recurso tampoco se trató de un bono, la autorización fue para que se destinaran en las labores propias de las comisiones legislativas en mención, sin que se tratara de una autorización o pago personal, como se desprende de los contratos de prestación de servicios personales, con los que se justifica el ejercicio de lo autorizado.
El dictamen de la cuenta pública del Poder Legislativo del año 2015, aprobado con observaciones en materia de responsabilidades, contó con el voto de los diputados del PRI, PAN, PT, Nueva Alianza, y en contra el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima y la diputada de Movimiento Ciudadano.