En reunión de trabajo con organismos defensores de los derechos de las mujeres, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, indicó que pese al tamaño de su territorio, en el Estado de Colima existe un problema de violencia hacia la mujer en espacios públicos.
Durante el foro de análisis de la iniciativa de ley sobre el acoso callejero, presentada por la legisladora y en la que propone adicionar al Código Penal del Estado y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Colima, Sevilla Blanco resaltó la importancia de consultar a las asociaciones civiles que defienden los derechos de la mujeres.
Sara Cernas Verduzco, del Colectivo Calle sin Acoso, estimó necesario legislar en esa materia, pues cuando una mujer quiere denunciar ante el ministerio público el acoso callejero, se encuentra con que esa figura no está en el Código Penal del Estado
Indicó que dentro del acoso callejero se encuentra el acoso en el transporte público, por lo que sugirió revisar también la Ley de Movilidad Sustentable, pues ese tipo de asedio es una de las formas de violencia más sútiles pero que más daño hacen.
Clementina Nava Pérez, del Centro de Apoyo a la Mujer, consideró imperativo, ético, político y humano acotar la violencia de género, que en Colima está tomando tintes realmente alarmantes y que se insista en los efectos psicológicos que sufren las mujeres acosadas, con severos procesos de estrés.
Ana Stephanie Barrera González, de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, indicó que al no estar en el Código Penal la tipificación de “acoso callejero”, a la sanción de esa conducta se le resta fuerza y certeza jurídica, por lo que solicitó se clarifique su definición en las leyes y se sensibilice a las autoridades, pues de lo contrario no se acatarán los procedimientos ni la norma.
Esteban Arroyo, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, hizo énfasis en la necesidad de que el acoso sexual callejero tenga una definición amplia y detallada, para tener una legislación efectiva, pues la ambigüedad e incertidumbre pueden constituir un problema cuando se presente una denuncia ante el ministerio público.
Asimismo, pidió se definan claramente los términos como abusos deshonestos, chantaje sexual, bromas de contenido sexual, así como realizar un catálogo de palabras obscenas, para ver si se configuran los elementos de tipo penal.
Por su parte, la diputada Adriana Lucía Mesina Tena, secretaria de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, celebró esta iniciativa y dijo que todo lo que sume a favor de las mujeres es bienvenido.
“Se han hecho observaciones muy interesantes y mientras más completa esté, con términos claros y específicos, será mucho mejor; hacerle saber a la Diputada Sevilla el total apoyo a la propuesta, que si se complementa con estas aportaciones, estaría excelente”, agregó.