Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la convocatoria pública para elegir a los siete consejeros ciudadanos representativos de la sociedad civil, que formarán parte del Consejo Estatal contra la Discriminación.
Al presentar la iniciativa de acuerdo ante el pleno del Poder Legislativo, la diputada Juana Andrés Rivera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención a Migrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, recordó que el 14 de junio del 2008 se publicó en el Periódico Oficial el decreto 327, que contiene la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima.
Dicha normatividad tiene por objeto prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona en el territorio estatal, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Los artículos 30, 31 y 32 de esa Ley ordenan el establecimiento de un Sistema Estatal contra la Discriminación, que se integrará por un Consejo Estatal contra la Discriminación y por diez Consejos Municipales en la materia.
El Sistema Estatal contra la Discriminación es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación, que tiene por objeto integrar la participación del Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, así como los sectores sociales y privados en el cumplimiento de los objetivos y disposiciones previstas en dicha ley.
El Consejo Estatal contra la Discriminación debe integrarse por un Consejero Presidente (Gobernador), un Consejero Vicepresidente (Secretario General de Gobierno), un Consejero Secretario Ejecutivo (Secretaria de Desarrollo Social), un Consejero representante de la Legislatura Estatal (Diputado seleccionado entre integrantes de la Comisión de Derechos Humanos).
Igualmente, un Consejero representante de cada uno de los Ayuntamientos (Presidente Municipal o un munícipe seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con los Derechos Humanos); un Consejero representante de la Universidad de Colima, que será un investigador de reconocido prestigio, y los siete consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil.
La designación de los siete consejeros ciudadanos se hará a través del Congreso del Estado, con base en las propuestas que hagan organizaciones civiles de acuerdo con las siguientes reglas:
El Poder Legislativo formulará una convocatoria para recibir durante quince días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación en dos periódicos de esta entidad, las solicitudes para ocupar el cargo de consejero. Concluido ese plazo, en los cinco días hábiles siguientes, el Congreso procederá a la revisión y análisis de solicitudes, para determinar cuáles cumplen los requisitos que establece la convocatoria.
La Comisión respectiva elaborará un dictamen y pondrá el asunto en estado de resolución, para que el Congreso del Estado elija a los siete consejeros que correspondan a cada sector social, les expedirá nombramiento y les tomará protesta.
La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con la participación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante del Congreso, procederá a revisar y analizar las solicitudes de candidatos a consejeros ciudadanos, para determinar cuáles cumplieron con los requisitos que señale la convocatoria.
Finalmente, elaborará el dictamen y lo someterá a la consideración del Pleno, que elegirá a los siete consejeros ciudadanos, les expedirá nombramiento y les tomará protesta, procediendo así a la instalación formal del Consejo Estatal.