- Se deberá informar a la víctima cuando su agresor recupere la libertad
La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, brinde atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios.
El decreto presentado al pleno del Poder Legislativo, adiciona la fracción VIII del artículo 60 Bis 2 y la fracción VII al artículo 71 de esta Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres.
El artículo 71 establece que las medidas de atención en materia de violencia de género, consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez, para el empoderamiento y desarrollo integral de sus potencialidades; las dependencias del Sistema Estatal deberán informar a la víctima cuando su agresor recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes.
En tribuna, la legisladora del Partido del Trabajo expuso que la violencia es un tema que lastima a todas las sociedades, no discrimina y lamentablemente en todos los estratos sociales su presencia fragmenta lazos culturales y familiares.
“Organismos internacionales han encendido las alarmas debido al incremento de este fenómeno y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia”.
Resaltó que en todo el mundo se han implementado campañas para evitar la violencia hacia las mujeres; las agresiones hacia el género femenino no sólo se traducen en violencia física, también psicológica, patrimonial, económica y sexual, son modalidades que pocas veces se abordan.
Hernández Aceves indicó que la mayoría de personas desconocemos los aspectos cruciales sobre la violencia, “al estudiar y conocer los aspectos que generan violencia, podemos identificar patrones para prevenir situaciones de riesgo”.
Todas las instancias de gobierno en materia de violencia familiar deberán desarrollar modelos de atención, prevención, sanción y erradicación, para proteger a las víctimas de violencia familiar, garantizar a las mujeres su seguridad y ejercicio de sus derechos humanos, donde se impulse la atención psicológica y jurídica de mujeres víctimas de violencia, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por esa violencia.
“Considero pertinente proponer que se brinde la atención a la víctima al hacerle saber cuándo su agresor se encuentre en libertad y ella pueda tomar las medidas pertinentes”, insistió la legisladora manzanillense.
Destacó la violencia obstétrica, entendida como toda conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud, directa o indirectamente, que afecta a mujeres durante su embarazo, parto o puerperio, mediante un trato deshumanizado, omisión de atención oportuna y eficaz, así como prácticas sin consentimiento como esterilización o realizar la cesárea sin motivo.
Ana Karen Hernández propuso establecer entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, garantizar que se evite cualquier afectación por acción u omisión cuando una mujer embarazada está privada de su libertad, pues se deben salvaguardar plenamente sus derechos humanos y los de su hijo, en una situación de por sí complicada como es estar en prisión; “debemos fomentar un ámbito de respeto, tratando a los demás como nos gustaría que nos traten”, concluyó.