*Los recursos que se obtengan deben ser destinados a equipamiento de hospitales públicos.
Alfredo Quiles Cabrera
Una iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados Federal busca “desincorporar y vender las residencias oficiales y casas de Gobierno en los estados” para destinar los recursos que se obtengan a equipamiento de hospitales públicos.
La propuesta, que se encuentra en la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen, justifica la propuesta a partir de que la austeridad republicana es uno de los ejes del actual Gobierno federal.
La iniciativa señala que se debe acabar con los gastos de mantenimiento y con los lujos de estos inmuebles que muchas veces son utilizados para fines particulares o que se han convertido en residencias de lujo de políticos y sus familias.
Debido a que se trata de una iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, su aprobación haría obligatoria la medida para todas las entidades, aunque cada Gobernador sería responsable de hacer los trámites respectivos para desincorporar los bienes, venderlos y usar el recurso en infraestructura hospitalaria.
La propuesta, que implica adicionar un artículo 61 bis a la Ley, establece también la prohibición a los servidores públicos en funciones de adquirir bienes inmuebles para esos fines.
Con excepción de la Ciudad de México y Nuevo León, todos los Gobiernos estatales tienen en propiedad y uso, además del Palacio o sede oficial de Gobierno, una casa o residencia oficial cuyos gastos de mantenimiento son pagados con recursos públicos.
Algunos Gobernadores han empezado a darles fines distintos a las residencias oficiales, pero otros, como los de Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, aún las habitan, según información que difunden diversos medios de comunicación de circulación nacional.
Casa Puebla, por ejemplo, que operaba con 220 servidores públicos durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle, generaba un gasto anual de 5.3 millones de pesos para el erario. Actualmente ya no es utilizada como residencia y presuntamente albergará oficinas gubernamentales.
Entre los Mandatarios que han renunciado a utilizar las casas de Gobierno como residencia oficial están los de Chiapas, Baja California, Veracruz y Chihuahua.
Pero hay casos como el del tabasqueño Adán Augusto López, de Morena, quien anunció que invertirá recursos propios para remodelar y habitar la Quinta Grijalva.
Incluso, en Sinaloa ya existe un convenio entre el Gobierno del Estado y el SAE mediante el cual se puso a la venta la residencia de 2 mil 421 metros cuadrados en 37 millones de pesos.
En 17 entidades, los mandatarios no viven ahí, pero utilizan las casas oficiales como despacho, oficinas o lugar de recepciones; en 7 entidades más los gobiernos han convertido estos espacios en museos, archivos o centros culturales, y sólo en dos estados no existe actualmente una residencia oficial. En estos inmuebles, cuyos gastos de mantenimiento son pagados con recursos públicos, viven actualmente seis gobernadores.