El diputado local Vladimir Parra Barragán, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, a nombre de su bancada y la del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, en donde se prohíba que los policías estatales o municipales sean utilizados para brindar servicios de seguridad a empresas o particulares, a raíz del caso de los 7 policías asesinados luego de escoltar a empresarios en territorio de Jalisco.
En su exposición de motivos, Vladimir Parra hizo varios cuestionamientos al gobierno del estado, encabezado por José Ignacio Peralta Sánchez respecto de este caso:
- ¿Por qué los policías estatales estaban prestando un servicio de seguridad a personas en una jurisdicción ajena al Estado de Colima, máxime, si no existe fundamento legal para ello?
- ¿Por qué las patrullas en las que viajaban los policías asesinados no ostentaban visiblemente su denominación, logotipo o escudo, número y color que las identificara como tales?
- ¿Por qué no se impidió este tipo de servicios si ya se tenía conocimiento por parte del Gobernador del Estado de que no era la primera vez que se prestaban en un territorio ajeno al estatal?
- ¿Por qué si se conocía del riesgo de la zona expusieron a nuestros policías estatales?
- ¿Por qué no se informó de la Comisión de los policías al Gobierno del Estado de Jalisco para pedir el resguardo previo de la zona?
- ¿Por qué las autoridades estatales de Jalisco niegan que los hechos hayan ocurrido en su territorio y aseveran el desconocimiento de las diligencias de seguridad?
- ¿Por qué al conocerse los actos de desaparición de nuestros policías estatales no se activaron todas las medidas de seguridad y bloqueos de carreteras y caminos de acceso a nuestra entidad?
- ¿Cómo es posible que los agresores hayan ingresado al Estado de Colima con una camioneta que transportaba los cuerpos de nuestros policías sin que ninguna autoridad estatal los haya detectado y detenido?
- ¿Pues entonces, que medidas de seguridad implementaron como cerco de seguridad en las colindancias del Estado ante esta alerta máxima en la que corrió peligro la vida de doce personas, que con toda impunidad la delincuencia ingresó a territorio estatal para dejar abandonada una camioneta con los cuerpos de nuestros policías?
- ¿Acaso no este hecho tan lamentable no es agravio para el Estado de Colima? ¿A caso lo ocurrido no muestra la falta de una política pública y de una estrategia de seguridad oportuna y eficaz del Gobierno del Estado?
- ¿Les preguntamos a nuestras compañeras y compañeros legisladores, si una diputada a la que todos conocíamos perfectamente, a un grupo de diez policías, a niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, ciclistas, deportistas, maestros, han sido privados de su libertad y han perdido la vida, se puede aún sostener que esto sólo le ocurre a quien forma parte de grupos delictivos, como lo ha querido hacer ver este gobierno estatal? ¿O será que sólo ha querido lavar sus manos con la sangre y revictimización de las personas que han fallecido por causa de la delincuencia?
- Nuevamente les preguntamos a nuestras compañeras y compañeros diputados, ¿Con todo lo ocurrido en el Estado, ustedes se sienten felices y seguros? Los que suscribimos esta iniciativa no.
Mencionó además que las condiciones de la seguridad pública del Estado y de los municipios en la entidad, no nos permite que los policías sean comisionados a la prestación de servicios particulares, en los que se distraigan de su principal función que es brindar seguridad a toda la población y no sólo a quienes de forma particular puedan pagarla, por ello, es que se propone suprimir esta posibilidad legal, porque frente al panorama actual, se requiere se usen todos los elementos y recursos para brindar seguridad en las calles para todos y no para unos cuantos.
Así también, indicó que existen elementos de las distintas corporaciones de seguridad pública, incluidas las de procuración de justicia, prestando servicios a la seguridad personal de exgobernadores, exrectores y en general de exfuncionarios y sus familias, cuyos sueldos y demás prestaciones son pagados por el Estado, distrayéndose de esta manera no solo al personal sino los recursos públicos a fines distintos de los previstos en ley.
“Es tiempo de que estos tipos de privilegios cesen, de que nuestros policías ya no sean utilizados como personal de unos cuantos, de que nuestros policías dejen esas encomiendas y se dediquen a cuidar de la población en general”, sostuvo Parra Barragán.
Especificó que con la iniciativa se pretende establecer mayores restricciones para que las corporaciones policiacas no presten servicios de escolta, salvo a la figura del Gobernador del Estado, a los altos mandos policiacos, así como a las personas que conforme a la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado deba prestárseles por el tiempo necesario y en la forma y cantidad adecuada.
Expuso que la reforma propuesta se encuentra en sintonía con la nueva visión de las políticas de austeridad que se están implementando a nivel nacional, donde el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, disminuyó drásticamente los elementos y recursos que se destinaban a la seguridad de este, desapareciendo al Estado Mayor Presidencial, que les costó a los mexicanos en el sexenio anterior 2 mil 889 millones de pesos.
Los cambios planteados se centran en los artículos 106 y 110 de dicha ley para estipular que “la función de seguridad pública no podrá bajo ninguna circunstancia ser objeto de concesión a particulares. El Estado y los Municipios no podrán prestar servicios de seguridad, custodia, traslado de valores, protección y vigilancia de personas o instituciones particulares, bajo ninguna modalidad, salvo lo dispuesto en el artículo 110 de esta Ley y lo previsto en la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima”.
Además, el artículo 110 estipularía que “la prestación de los servicios de seguridad que presten las unidades o agrupamientos de policía en los términos del párrafo anterior, deberá ser de forma razonable y adecuada, de conformidad con cada caso concreto.
Cuando se trate de los mandos policiales, deberá documentarse por escrito la necesidad de la medida implementada y dirigirse al superior jerárquico respectivo, informando de ello a quien ocupe la gubernatura del Estado o la presidencia municipal respectiva”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis.
