El tema del avión sirvió durante varios meses de distractor, una vez que se agotó, el caso Lozoya surge como el nuevo distractor del gobierno, que prefiere entretenernos con ese tema y evitar hablar de las cifras de las crisis que padecemos.
La crisis de inseguridad nos reporta 56 mil homicidios en el gobierno de AMLO, 18 mil en los últimos seis meses. La crisis sanitaria reporta 43 mil fallecimientos y el INEGI dio a conocer que durante mayo la economía cayó 22.5%.
Hace ocho días llegó a México Emilio Lozoya, todos sabemos que está en un hospital privado de la Ciudad de México, pero nadie sabe donde está ubicado procesalmente y la especulación aumenta a diario y la confusión se dispara desde la mañanera.
Desde el día de su llegada, el presidente AMLO afirmó que estaba en el reclusorio norte y que a medio día iba declarar en su calidad de testigo protegido, ninguna de las dos afirmaciones resultó cierta, porque estaba en el hospital y en calidad de detenido.
El presidente AMLO afirmó ya que Lozoya reveló los primeros nombres de quienes siendo legisladores recibieron sobornos para aprobar la reforma energética, pero, oficialmente, Lozoya no ha rendido declaración alguna.
El periódico Reforma dio a conocer que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, recibió 6.8 millones de pesos cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, cantidad que le fue entregada el 8 de agosto de 2014, como parte de los 52 millones que según informó Lozoya, fue el soborno a los panistas para aprobar las reformas del pacto por México, en una declaración previa a su extradición, lo que facilitó la negociación. Reforma afirma tener una copia de ese documento.
La ley establece que cuando se cumple una orden de aprehensión, el detenido deberá ser puesto de inmediato a disposición del juez o de los jueces que liberaron las órdenes de aprehensión y hasta hoy, se ignora en qué momento fue puesto Emilio Lozoya a disposición de un juez. La Fiscalía responsable de entregar el detenido al juez debió de haber informado de su estado de salud para que el juez autorizará su traslado al hospital donde se encuentra.
Si el detenido Lozoya no fue puesto a disposición del juez de inmediato, se incurre en un delito, por eso se hace necesario se informe si se ha venido cumpliendo con la formalidad legal en este asunto que es emblemático en el combate a la corrupción y que debiera conducirse con la mayor transparencia y legalidad.
El presidente AMLO declaró en Manzanillo que en el caso Lozoya, no será tapadera de nadie, pero reiteró su rechazo a que sean juzgados los ex mandatarios de la República.
Se pronunció en contra de que se juzgue a los ex jefes de Estado del periodo neoliberal de “Carlos Salinas, a Peña Nieto porque creo que no debemos anclarnos en el pasado; tenemos que pensar hacia delante y comenzar una nueva etapa, sin permitir la corrupción”.
“Si el pueblo decide que se les juzgue, en una consulta yo votaría en contra y si la FGR abre una investigación a Calderón y Peña Nieto adelante, pero sostengo mi opinión política, por considerar, añadió, que es lo más conveniente para el país”.
El presidente sabe bien que los expresidentes no pueden ser juzgados con base en una consulta popular y sabe también que los delitos que les pudieran imputar de Salinas a Calderón han prescrito y las nuevas leyes anticorrupción no se les pueden aplicar a Peña Nieto de manera retroactiva, por eso el presidente ha bajado la expectativa de enjuiciar a los expresidentes.
En el caso de Emilio Lozoya, los delitos generados por el caso Odebrecht, también están prescritos y en el 2018, Lozoya ganó un amparo sobre esos ilícitos, que tienen su origen desde el 2010 cuando gobernaba Felipe Calderón.
El presidente AMLO aseguró que el proceso legal que se sigue a Emilio Lozoya, en calidad de testigo protegido, no sólo permitirá determinar si hubo dinero detrás de la reforma energética, sino conocer el entramado de sobornos que pagó la empresa Odebrecht para obtener contratos. La figura de testigo protegido no existe en la ley.
A su gobierno le interesa en especial la recuperación del dinero del sobreprecio pagado por la planta de fertilizantes, se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares.
Otro interés del gobierno federal, se va centrando más en los supuestos sobornos a legisladores del PAN y del PRD para que aprobaran la reforma energética. AMLO quiere saber como se obtuvieron los votos para aprobar la reforma energética, “saber quién pompó reformita”, AMLO supone que los votos de la oposición fueron comprados y por eso señala al PAN y PRD, porque supone que los del PRI recibieron la instrucción de votar a favor y los otros dineros supuestamente del que dio la empresa Odebrecht .
Los escenarios
No obstante, la falta de transparencia en el caso Lozoya y las dudas surgidas por el engaño a su llegada, la protección y las consideraciones al evitarle pisar la cárcel e instalarlo en un hospital privado, se presume que hay una buena negociación que beneficiará a Lozoya una vez que cambie su situación de detenido a testigo colaborador, pero la situación jurídica de Emilio Lozoya puede tener varios escenarios.
Uno, que sea consignado y que los jueces que ordenaron su captura le sigan un proceso penal por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Así, no necesariamente pisaría la cárcel, por ahora, ya que los delitos que se le imputan no ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Dos, que el exdirector de Pemex pida un juicio abreviado, con lo que sería procesado y se le impondría una pena relativamente baja, incluida la prisión.
Tres, que Lozoya Austin se convierta en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de que la dependencia federal se desista de la acción penal.
En este caso, se cancelarían las órdenes de aprehensión en su contra, Lozoya no pisaría la cárcel, pero tendría que ser vigilado por la FGR por tiempo indefinido.
La figura de testigo colaborador está contemplada en la ley federal para la protección de personas que participan en el proceso penal y que otorga una serie de beneficios, incluido la protección federal y la dispensa de un proceso judicial, “aquella persona o acusado que acceda a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba, conducentes para investigar, procesar, o sentenciar a otros sujetos”.
De haberse negociado que su extradición era en su calidad de testigo colaborador, se debería explicar claramente que de eso se trata, en los términos que la ley lo contempla, para que la opinión pública no suponga que los buenos tratos y el no pisar la cárcel obedece a negociaciones en lo obscuro.
Lo mismo debe hacerse, si la Fiscalía Federal va a aplicar el criterio de oportunidad que es una figura del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite a las Fiscalías extinguir o cancelar la acción penal contra un imputado, a cambio de que el beneficiario aporte información esencial para perseguir un delito de mayor gravedad al que le atribuyen.
La información que proveerá permitirá iniciar nuevas carpetas de investigación por hechos distintos a los que llevaron a convertirlo en prófugo de la justicia o ampliar las que están en curso por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Según el artículo 257 de la norma, el ejercicio de la acción penal y el plazo de prescripción de la imputación se suspende en favor del beneficiario de un criterio de oportunidad, sólo hasta que comparece a rendir su testimonio en el procedimiento donde aportó información.
Se debe transparentar e informar la situación legal de Lozoya y los términos de la negociación, para que los instrumentos legales se utilicen para un verdadero combate a la impunidad y la corrupción y no se desvirtúen para politizar la justicia y beneficiar a quien es considerado como un emblema de la corrupción y termine siendo un instrumento político con rendimiento electoral.