Policías y servidores públicos podrán recibir seguros de vida

* Aprueba Congreso reforma a la Ley de Austeridad del Estado de Colima

 

Con la reforma aprobada a la Ley de Austeridad del Estado de Colima por las diputadas y los diputados de la LIX Legislatura, permitirá establecer seguros de vida a favor de los servidores públicos asociados a seguridad pública, en donde su desempeño ponga en riesgo su seguridad o su salud, y además, será extensivo a los servidores públicos de confianza o de elección popular, de la dependencia de que se trate.

 

Esta iniciativa presentada por la diputada única de Movimiento Ciudadano, Ma. Remedios Olivera Orozco, fue leída en tribuna por el diputado Fernando Antero Valle, quien dijo que los entes de gobierno, también podrán establecer seguros de vida a favor del personal que tenga la categoría de base y sindicalizado de acuerdo con la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, por así haberse estipulado en las condiciones generales de trabajo establecidas en los contratos colectivos.

 

Manifestó que, ese derecho también podrá hacerse extensivo a los servidores públicos de confianza o de elección popular, de la dependencia de que se trate.

 

En los detalles, el diputado Fernando Antero, dijo que las contrataciones deberán llevarse a cabo en observancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, “además deberán atender a la disponibilidad presupuestaria de cada ente”.

 

El legislador sostuvo que con respecto a seguridad pública, los indicadores en Colima siguen siendo preocupantes, por lo cual, consideró que es necesario fortalecer la seguridad pública, realizando acciones legislativas que constriñan precisamente a proteger los intereses de los integrantes de las Instituciones Policiales.

 

Indicó que de acuerdo con el riesgo de las funciones en rangos y puestos, los entes públicos en materia de seguridad deberán establecer sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones, lo anterior derivado de los riegos laborales a los que se enfrenta este sector.

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