*Cristian Altavilla dictó la conferencia inaugural del V Congreso Internacional de Derecho organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
“El contexto de gobernanza en Latinoamérica es de debilidad de las instituciones, una debilidad que amenaza al sistema representativo, la efectividad de nuestros gobiernos y pone en serio riesgo el goce efectivo de todos los derechos y garantías que nuestras constituciones nos reconocen y garantizan”.
Lo anterior fue señalado por el académico Cristian Altavilla de la Universidad de Córdoba, Argentina, al dictar la conferencia “Democracia y gobernanza en América Latina durante la pandemia. Tendencias autoritarias y reforzamiento del hiperpresidencialismo”, en el marco del V Congreso Internacional de Derecho organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
En su disertación, el especialista afirmó que “no ha existido en ninguna época histórica ni existe actualmente ningún país del mundo que tenga una democracia exenta de amenazas que socaven su efectividad y real vigencia debido a peligros latentes como los populismos y autoritarismos, pero también podemos identificar tres factores clave que amenazan las democracias latinoamericanas, que son la debilidad institucional, la desigualdad social y la polarización, consecuencia de los dos anteriores”.
Agregó que los tres factores citados son de carácter estructural, ya que están presentes desde hace mucho tiempo en Latinoamérica y se han visto exacerbados por la COVID 19.
Al hablar particularmente de la desigualdad, el conferencista enfatizó que es el mayor desafío que enfrentan las democracias latinoamericanas, “pues cada uno de nuestros países muestran desigualdad en casi todas las áreas sociales, como la educación, salud, vivienda, movilidad social, alimentación y servicios públicos. En ese sentido, la COVID 19 aumentó la brecha de exclusión social y desigualdad y, lo que es más importante, ha afectado de manera más agresiva a los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Para dar un marco de referencia sobre el nivel de desigualdad que existe en nuestro continente, Cristian Altavilla señaló que, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el 2020 la tasa de pobreza de los países en América Latina fue del 12.5%, afectando al 33.7% de la población. En total, añadió, la cantidad de personas pobres aumentó a 209 millones a fines de 2020; es decir, 22 millones de personas más que el año anterior, “además, 78 millones de personas viven en pobreza extrema; es decir, 8 millones más que en el 2019”.
Respecto a las instituciones que existen en nuestros países, añadió, “muchas de ellas son diseñadas deliberadamente como instituciones débiles que no van a cumplir con los objetivos discursivamente propuestos, como en el caso de organismos de rendición de cuentas o aquellas que controlan el gasto público; estas instituciones son creadas con gran bombo y platillo, son anunciadas como grandes avances democráticos y de participación, pero con el paso del tiempo se ve que no cumplen con sus objetivos”.
Sobre el tema, citó algunos ejemplos de figuras institucionales como el defensor del pueblo, el ombudsman, los tribunales de cuenta o las auditorías generales que encuentran muchas obstrucciones o tienen defectos de diseño que imposibilitan el cumplimiento del objetivo por el cual fueron creados; “por ejemplo, la forma de composición o la forma de elección de esos organismos hace que terminen siendo dependientes del poder político de turno”.
En otro momento, el conferencista resaltó que la pandemia ha venido a dar vigor a la tendencia autoritaria de algunos gobiernos latinoamericanos, tanto en movimientos de izquierda como en movimientos de derecha, “impulsando el hiperpresidencialismo latinoamericano en decisiones tomadas sin la participación popular o que ni siquiera han previsto la participación de las instituciones fundamentales de la vida democrática”.
En los casos de países federales como Brasil o Argentina, agregó, “el resultado de muchas de las medidas tomadas ha sido una mayor centralización de estas decisiones durante la crisis de salud, generando intensos conflictos no sólo entre niveles de gobierno sino también con el pueblo mismo”.
Al respecto, dijo que los gobiernos han hecho pocos esfuerzos para involucrar al público en la discusión nacional sobre cómo lidiar con la pandemia y la tendencia fue una imposición desde arriba hacia abajo, con medidas extraordinarias, y haciendo uso de los poderes extraordinarios que las constituciones reconocen a los poderes ejecutivos; “este enfoque ha provocado un descontento popular muy grande que se ha expresado en manifestaciones públicas y en algunos casos en manifestaciones violentas en las calles”.
En este sentido, enfatizó que en Latinoamérica “la debilidad de las instituciones se da en un contexto de estados centralizados y muy ineficientes en la provisión de ciertos servicios públicos e incluso, en algunos aspectos, estados totalmente ausentes en las zonas rurales o periféricas de nuestros países. Necesitamos pensar y repensar cómo funcionan nuestras instituciones, tanto formales como informales, y éste es un gran desafío, el de buscar nuevas e innovadoras soluciones a la falta de tolerancia mutua y a la debilidad institucional característica del sistema político regional, a fin de evitar la polarización política y social”.
Finalmente, señaló que problemas estructurales como la desconfianza mutua, la intolerancia y un altísimo nivel de desigualdad social no podrán resolverse sin la cooperación de las elites gobernantes y sin la presencia de políticas nacionales a largo plazo que trasciendan las mayorías políticas coyunturales; “los partidos políticos enfrentan un gran desafío: cooperar entre ellos para reducir la creciente polarización política y social, y esta necesidad de cooperación es aún mayor en el escenario de pandemia por COVID 19”.