La mañana de este lunes y con el objetivo de garantizar a los jóvenes su derecho a participar en la vida política y democrática del país, la LX Legislatura aprobó una reforma a su Ley Orgánica para reducir la edad requerida para ocupar ciertos cargos dentro del Legislativo.
Los artículos reformados, fueron: el 91 fracción II, 94 fracción II y 97 Fracción II de La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su correlativo 49 fracción II del Reglamento De La Ley Orgánica Del Poder Legislativo.
Luego de esta reforma, la edad requerida para ocupar las titularidades de la Secretaría General, Contraloría Interna, el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, así como la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno y Coordinación Política es de 25 años, en lugar de 30.
Mientras que la experiencia mínima a acreditar pasó de cinco años a tres.
De acuerdo al dictamen presentado en tribuna, “un requisito solamente por edad, puede generar una serie de violaciones a los derechos humanos, pues de antemano debe valorarse como un todo, es decir sus aptitudes, profesionalismo, aprendizaje y capacidades y no exclusivamente a una condición de tiempo de vida”.
En el caso del artículo 94 se hizo una reserva por parte de la diputada, Priscila García de la bancada del PAN, para que en lo respectivo a la designación de quien sea titular de la Contraloría Interna deba acreditar lo siguiente:
“Acreditar documentalmente experiencia profesional mínima de 3 años en materia de manejo y fiscalización de recursos públicos y áreas afines”.
El documento también señala que el criterio de dicha reforma, “es aceptable y razonado, pues es suficiente para lograr dos objetivos que aportan la profesionalización necesaria, en la lógica de las funciones que desempeñan, partiendo de la premisa de lograr un título profesional, lo cual, idealmente implica adquirir cualidades académicas suficientes para conducirse con los estándares adecuados al ejercicio profesional y, por otra parte, permite haber ejercido en medida suficiente los conocimientos adquiridos e, incluso, logar algún grado de especialización”.
Asimismo se explica que “esta reforma se encentra apegada a la Constitucionalidad y Convencionalidad que demanda toda reforma a nuestras normas. Así como que coincidimos (la comisión dictaminadora) con la necesidad de establecer las bases para el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, siendo un ejemplo de ello el acceso a cargos públicos de este Poder Legislativo”.
El dictamen fue leído en tribuna por el diputado Ignacio Vizcaíno y aprobado por 24 votos a favor, con la ausencia justificada de la diputada, Ana Karen Hernández.