El impago al magisterio, las basificaciones y el recurso, los temas cuestionados en comparecencia al secretario de Educación

 

En su comparecencia como parte de la glosa por el VI informe de gobierno del ejecutivo, Jaime Flores Merlo, secretario de Educación informó que el Sistema Educativo Estatal, para el Ciclo Escolar 2020-2021, registró una matrícula de 196 mil 434 alumnos en todos los niveles educativos de Educación Básica, Media Superior y Superior, incluidos los servicios de Educación Especial y Formación para el Trabajo, distribuidos en 1 mil 355 escuelas, integrados en 7 mil 193 grupos y atendidos por 13 mil 517 docentes.

 

Que en ese mismo ciclo, se expidieron sin costo 34 mil 524 certificados y 9 mil 555 duplicados ambos con firma electrónica para alumnos de los tres niveles de Educación Básica. Se realizaron 56 revalidaciones de estudios en Educación Media Superior y Superior; y se dictaminaron 530 equivalencias.

 

Se participó en la organización, implementación y seguimiento de 6 sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar en 970 Escuelas de Educación Básica para evaluar y tomar acuerdos sobre la estrategia de Educación a Distancia “Aprende en Casa III” y garantizar el aprendizaje de los estudiantes.

 

En el marco de los Consejos de Participación Escolar en la Educación, se llevó a cabo la integración de 1 mil 25 Comités Participativos de Salud Escolar.

 

En este sexenio se han entregado 1,406 plazas de base por regularización, más que las que se habían otorgado en los 60 años de organización de los maestros de la sección 39 del SNTE.

 

La diputada única de Nueva Alianza, Myriam Gudiño, preguntó, ¿en qué se han invertido los 7 mil 298 millones de pesos presupuestados para la Secretaría de Educación?, ¿quién decide el uso de este recurso?, ¿cuáles han sido las acciones realizadas desde la dependencia para garantizar el pago al magisterio en tiempo y forma?, ¿cuáles son las medidas que la secretaría implementa para un regreso a clases seguro?

 

En su intervención la diputada única del Partido del Trabajo, preguntó, ante el abandono escolar y el déficit de aprendizaje generado durante la pandemia ¿Quién se hará responsable?, ¿qué plan de acción se implementó para lograr recuperar a las 8 mil niñas y niños de educación básica que hace dos meses se afirmó que no se inscribieron?, qué acciones han implementado en coordinación con los municipios para garantizar el acceso a la educación media superior?

 

 

 

Por su parte, el diputado del Partido Encuentro Solidario, Rigoberto García, ¿A qué se debe que no se brinde atención medica y medicamento a los maestros de la sección 39 del SNTE?, ¿qué destino tienen las aportaciones que hace el magisterio para este rubro?, ¿cómo garantiza la Secretaría de Educación la atención de las enfermedades del magisterio?

 

¿Cuál es el monto del subsidio de este ejercicio fiscal 2021 que el poder ejecutivo le ha entregado a la Universidad de Colima?, ¿a qué se debe el incumplimiento en la entrega de dicho subsidio?

 

La diputada de Movimiento Ciudadano, Glenda Ochoa preguntó al funcionario ¿cuánto y cómo fue el apoyo adicional dado a los profesores ante la impartición de clases en línea?, ¿cuál es diagnostico numérico  real de la deserción escolar durante el pasado ciclo escolar?, ¿cuál es la inversión hasta la fecha en infraestructura de centros escolares?, ¿cuál es la estrategia para asignar plazas a docentes egresados?

 

La diputada panista, Priscila García, solicito al funcionario informar el por qué durante los últimos 3 años, el pago de los trabajadores del EMSAD y telebachillerato comunitario han sufrido importantes atrasado y ¿qué se propone para regularizarlos?, en materia de garantizar el acceso a la educación básica, preguntó, ¿por qué se siguen cobrando las cuotas escolares a los padres de familia? Cuando existe una prohibición expresa.

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Magaña, cuestionó ¿por qué no se le ha pagado a las y los trabajadores del CENDI? Afirmando que desde mayo de este año el recurso para ello ya está radicado, también pidió que se informe ¿qué se hizo, qué se ha hecho y qué se va a hacer para regularizar el pago a los maestros?, ¿cuál fue la estrategia de la dependencia para proteger al interés superior de las niñas, niños jóvenes y adolescentes y hacer valer su derecho a la educación en el contexto de la pandemia?, ¿de qué forma impactó la pandemia en el abandono escolar y qué hizo la dependencia para mitigarlo?

 

La diputada de Morena, Sonia Hernández, cuestionó ¿cuántas basificaciones se han otorgado en estos últimos 5 meses y si esas personas cubren con el perfil, los requisitos y el tiempo establecidos en la Ley para ser merecedores a una plaza?

¿A cuántas personas tiene Comisionadas en otras áreas? ¿Todas esas personas acuden a sus centros de Trabajo? ¿Cuántos docentes tienen becados por un trabajo de investigación? ¿Algunos de los anteriores se les ha dejado de pagar su sueldo?, ¿se han detectado cargo vitalicias?

 

Sobre violencia de género, preguntó, ¿Cuantos casos de acosos a alumnas y alumnos ha conocido y que tratamiento les da?

 

 

Respecto a los planteles pidió la siguiente información: ¿Están en óptimas, adecuadas y operativas las instalaciones de esas 1,355 escuelas? ¿Se encuentran listas para recibir a esos 196,434 alumnos y sus 13,517 docentes?

 

En su segunda participación, sobre la forma en la que se distribuye el presupuesto, el secretario dijo que cuando este llega al estado desde la Federación y es el legislativo quien decide la distribución general, mientras que en lo que respecta al que se le da en educación, este se usa en su mayoría a nóminas, cumplimiento de los programas federales y gasto corriente.

 

Respecto al impago al magisterio, dijo que su dependencia envía a la Secretaría de Hacienda la nómina y espera a que está sea autorizada, luego, el recurso se envía a la Secretaría de Finanzas, quien lo hace llegar a los maestros, por lo que dijo, no es una competencia de su dependencia. Sin embargo, comentó que ya se encuentra en los trámites necesarios para que se autorice la primera quincena de octubre.

 

Sobre la basificación, explicó que estas se hicieron conforme a la antigüedad y no representaron ningún cargo extra al erario, pues dichas personas ya tenían un recurso asignado y sobre las prestaciones médicas de las mismas, se hizo un estudio de a cuánto ascendían y se hicieron las aportaciones necesarias.

 

Sobre  la deserción escolar, expresó que se inició un programa llamado “En Colima somos de 10 y estamos al 100”, pues se implementan 10 acciones para recuperar a los niños que se fueron del sistema educativo y que busca que el 100% estén inscritos en un plantel educativo.

 

Dijo que al inicio del sexenio se tenía un promedio de 9.5 años, el cual actualmente es de 10 años, expresó que en materia de rezago educativo se puede levantar “bandera blanca”, que no hay ni una sola escuela que no cuente con agua, aunque esta no llegue por otras circunstancias.

 

Sobre cobertura educativa, expresó que se tiene lo suficiente para atender al 100% de la matrícula desde primaria al nivel medio superior, sin embargo, el “talón de aquiles” es la educación preescolar pues no hay ni infraestructura ni plazas.

 

Sobre las retenciones al magisterio, expresó que estas por ley se van al IPECOL y respecto al subsidio a la universidad de Colima, dijo que este asciende a más de 341 millones 605 mil pesos, pero tienen entendido que no se ha entregado y explicó en cuanto a las cuotas escolares que estás están prohibidas y que cada año se alerta a los directores que de prestarse a coaccionar a los padres de esta forma, serán sancionados, lo cual, ya se ha hecho.

 

 

Sobre la venta de plazas, pidió que si alguien sabe de esta situación, se denuncie a la autoridad judicial, pues es un delito.

 

También afirmó que se dejarán 28 millones de pesos en gasto corriente para que se atienda a aquellas escuelas que aún no puedan regresar a clases de forma presencial por la falta de servicios.

 

La diputada única de Nueva Alianza, Myriam Gudiño, agregó a sus preguntas el ¿qué está pasando con la escuela de talentos? Pues los padres de familia tienen preocupaciones sobre su funcionamiento y presupuesto.

 

La diputada del Partido del Trabajo, Evangelina Bustamante, añadió a sus preguntas: ¿qué hará la dependencia a su cargo para garantizar el pago puntual a los colaboradores de los CENDIS?

 

El diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno, preguntó al secretario, en un ejercicio de autoevaluación y en una escala de 0 al 10, ¿qué calificación se asignaría? Y si es que existe desvío de recursos en la dependencia y de no ser así, si es que puede probarlo.

 

La diputada de Morena, Sonia Hernández afirmó que existe una maestra que vive y ha vivido por cerca de dos años en Nueva Zelanda (Maestra Blanca Góngora, Esposa de Rogelio Gedea) y que se encuentra bajo una modalidad de Comisionada que desde su Secretaria se le genera y cobra una quincena, la cual no es una  modalidad de Beca pues no hace una investigación que retribuya a la Educación en el Estado, ni se encuentra bajo la figura de Comisionada pues no está en funciones en ningún Centro de Trabajo, por lo que increpó: ¿Usted sabia de esta situación o la desconocía? ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Hay alguna denuncia de su parte o alguna si quiera observación a la Contraloría?

 

También cuestionó si es que conoce a Julio Magaña Cervantes, si ¿sabe si esta persona percibe una nómina por parte de la Secretaría de Educación? Pues de acuerdo a la legisladora, desde 2004 se encuentra al frente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, por lo que preguntó, ¿no cree Señor Secretario que esta persona ya dejo de ser un padre con hijos en escuela?, ¿Qué ha hecho ante esa situación? ¿Considera que su función de esta persona es adecuada y optima?

 

¿Cuántos casos de acoso sexual tiene, ha sabido o le han denunciado en las escuelas de colima? Y ¿Por qué no se hace nada en contra de esos acosadores? ¿Por qué no hay alguna denuncia? ¿Por qué su dependencia no ha denunciado en la Fiscalía del Estado?

 

 

 

La diputada también dijo que hay 200 planteles educativos no cuentan siquiera con agua potable y necesitan rehabilitación de energía eléctrica, mientras que otras 154 carecen de drenaje y sanitarios. Por ello preguntó ¿Qué pasa con esas poco más de 200 escuelas? ¿Qué ha hecho su administración para atender estad necesidades?

 

Hernández también mencionó que la secretaria opera con fondos mixtos, 50% de recurso federal y 50% de recurso estatal, por ejemplo, el programa de EMSAD o Telebachillerato Comunitario. Sin embargo, dijo, el Gobierno del Estado no aporta ese 50% de recursos estatales, al cual está obligado, por lo que preguntó, ¿qué ha hecho para remediar esa situación? ¿Qué lucha ha hecho ante el Gobierno del Estado para que se pague íntegramente ese 50% de participación? ¿Por qué no ha generado una denuncia en la Contraloría por ese, hasta un momento desvió de recursos, pues este recurso se encuentra debidamente presupuestado en la Ley de Egresos?

 

En su última intervención, Flores Merlo, explicó sobre la escuela de talentos, que esta es una institución que funciona con financiamiento local,  que requiere 5 millones 800 mil pesos al año para operar y se tiene contemplado que esta siga operando por lo que ya se hicieron las propuestas económicas requeridas para que funcione de agosto a diciembre de 2021 y de enero a julio de 2022.

 

Actualmente y por motivo de la pandemia, dijo, se trabaja a distancia pero se propone que se regrese en una modalidad mixta, que una semana inicial regresen los primeros grados y semana tras semana se incorporen el resto de los grados.

Sobre los CENDIS y dijo que la dependencia a su cargo  no les paga y es la Federación quien da el recurso, mientras que la Secretaría es el órgano ejecutor y que en el convenio hay tres errores al respecto: el primero es que el convenio que firman a nivel federal solo contempla la educación inicial, no preescolar, que no contempla los primeros tres meses del año y que a quien se sanciona por no administrarlo de forma correcta es a quien ejecuta.

 

Por lo que dijo, ya se pagó lo respectivo a los CENDIS desde septiembre, por lo que exhortó a la diputada Evangelina Bustamante, a revisar el convenio, pues este viene con “tres trampas” que afectan a los trabajadores.

 

En cuanto a la autoevaluación planteada por el diputado de Movimiento Ciudadano, respondió que en materia educativa siempre hay algo por hacer y reconoció la labor de los maestros de Colima al adaptarse al contexto de la pandemia.

 

Respecto al tema del pago de maestros EMSAD y telebachilleratos manifestó que funcionan con mitad de recurso federal y mitad estatal, sin embargo, cuando el gobierno local firmó los convenios, estos llegaron tarde por parte de la Federación, por lo que la administración cubrió las quincenas a través de un préstamo, hasta que fueron observados.

 

También afirmó que ya no hay personal comisionado, pues esta figura ya no existe y los únicos trabajadores que tiene comisionados son los que tiene de confianza en la dependencia y que al no existir una plaza directiva para poderles pagar, están comisionados con este recurso y que no existen cargos vitalicios, pero sí hay claves que los funcionarios ostentan “hasta que ellos quieran”, pues su retiro es voluntario.

 

Cuestionado sobre la violencia de género, dijo que hay una dirección de asuntos jurídicos que atiende estos casos en las escuelas, pero muchas veces no se ratifica, como fue el caso de la escuela Enrique Corona Morfín, cuyo caso fue llevado a la Fiscalía General del Estado pero nadie acudió a ratificar la denuncia. Al maestro acusado, dijo, se le cambió de plantel.

 

Añadió que en los últimos cinco años han solventado más de mil millones de pesos en deuda y lo que falta, afirmó, no es de esta administración, en su mayoría es de administraciones anteriores.

 

Finalmente, Jaime Flores Merlo respondió ante la pregunta sobre el desvío de recursos en su Secretaría que se somete al escrutinio de las autoridades competentes y si se le demuestra, habrá de atender las consecuencias.

 

 

 

 

 

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