* Gobernadora y contralora informan acciones legales y jurídicas emprendidas por la actual administración.
Tras asegurar que los recursos públicos son sagrados, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, dio a conocer que se sospecha del presunto desvío de más de seis millones de pesos durante la anterior administración, que debieron utilizarse en la Alerta de Violencia de Género, un tema tan sensible en el estado y el país, y además de que ese mal uso de recursos ya le costó a la sociedad colimense, ahora impide que se puedan recibir más recursos en esa materia.
“Ni perdón ni olvido, ni cacería de brujas o persecuciones políticas, pero tampoco complicidades. Sólo la aplicación de la ley para cuidar los recursos públicos y si alguien incumplió la aplicaremos y punto”, aseguró la mandataria, al dar a conocer durante la conferencia semanal “Diálogos por la Transformación”, las acciones legales y jurídicas que su administración emprende, tras seis meses de su gestión.
La gobernadora estuvo acompañada por la titular de la Contraloría General del Estado de Colima (CGEC), Isela Uribe Alvarado, donde destacó que “en la visión de este proyecto transformador, nuestra prioridad es el uso escrupuloso de los recursos públicos, que son recursos del pueblo y por eso tenemos como prioridad la transparencia y rendición de cuentas; y entendiendo que son las claves de nuestro proyecto, entonces se vuelve fundamental la relevancia de esta dependencia”.
Recordó que entre las funciones de la Contraloría General del Estado está abrir procesos de investigación cuando se detecta alguna presunta responsabilidad administrativa, ya sea por presentación de denuncias, quejas o de manera oficiosa, derivado de los procesos de auditorías propias o de organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La titular del Poder Ejecutivo informó sobre cuatro auditorías especiales iniciadas durante su gestión, al Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, así como a la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM), por indicios de uso no justificado de recursos federales durante el ejercicio fiscal 2021 (antes de iniciar el actual gobierno).
Dijo que desde la Contraloría se da seguimiento a las auditorías federales; “aquí les adelanto que existe una preocupación, pues la pasada administración inició diversos procedimientos, después de eso no se hizo nada más ni se movió un solo dedo para que esos procedimientos avanzaran”, añadió.
Para la mandataria, resulta bastante sospechoso tanto trabajo iniciado al que no se le dio seguimiento y consideró que no hay que ser muy perspicaces para suponer que lo que se buscaba es que eventualmente vencieran los tiempos jurídicos para que estos procedimientos prescribieran -por así decirlo- y que los presuntos responsables quedaran tan intactos y sus tropelías impunes, pues dijo que a esa vieja clase política se le puede acusar de corruptos, pero no de tontos.
“Así que dudamos que esa inacción se debiera al desconocimiento de los procesos de auditoría; había esquemas para que las irregularidades en el ejercicio de recursos públicos quedaran en la impunidad. Afortunadamente la ley permite que se pueda hacer lo necesario para revisar lo hecho por administraciones pasadas, y en eso estamos”, aclaró Vizcaíno Silva.
Refirió que la información dada a conocer este día incluye detalles de lo observado en el proceso de entrega-recepción y qué se está haciendo con todos esos datos recabados, cuidando siempre los debidos procesos, pues esto es fundamental para lograr que esto prospere. “Nosotros buscamos más que estruendo mediático, hacer las cosas con firmeza jurídica para que estos temas tengan solidez y no se caigan, que avancemos de manera correcta y se pueda traducir en sanciones administrativas o penales para quienes lo ameritan”, afirmó.
La gobernadora de Colima insistió en que no hay persecución política para nadie, pero tampoco olvido ni complicidad con quienes violentaron la ley y que, por el contrario, habrá mano firme para castigar cualquier irregularidad, pues la ley es la guía y el límite. Resaltó que los recursos públicos son sagrados y así se cuidan en esta administración, por lo que eso también implica revisar el pasado.
Este presunto desvío de más de seis millones de pesos durante el gobierno anterior, que debió utilizarlo en la Alerta de Violencia de Género, impide a la actual administración recibir más recursos del gobierno federal para este rubro tan sensible; “en ese sentido, la afectación es doble, de ahí la necesidad y obligación constitucional de castigar esos malos manejos”, dijo Indira Vizcaíno Silva, al reiterar que hay temas muy interesantes en lo encontrado durante el proceso de entrega-recepción.