El pleno del Poder Legislativo aprobó una reforma a diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, con el objetivo de que los centros de rehabilitación, públicos o privados, garanticen los Derechos Humanos de sus pacientes, y en caso de que se detecte lo contrario previo revisiones de las autoridades competentes, se puedan realizar las denuncias penales o de cualquier otra índole que corresponda.
La iniciativa fue planteada por la diputada Yommira Jockimber Carrillo Barreto, del Grupo Parlamentario Morena, dictaminada por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Salud y Deporte, presentada en el Pleno por el diputado Armando Reyna Magaña.
Con ello, se estipula que los centros de tratamiento, atención y rehabilitación contra las adicciones de los sectores privado o social que operen en el estado deberán garantizar el trato adecuado y respetuoso de las y los individuos que reciban sus servicios, teniendo como base de actuación la dignidad humana y la protección de sus derechos humanos, salvaguardando en todo momento su integridad física, psicológica y social.
Así mismo, el decreto establece que los centros de rehabilitación deberán obtener la licencia o permiso del Ayuntamiento respectivo para su funcionamiento, por lo que los ayuntamientos, de conformidad a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, sus reglamentos y demás instrumentos jurídicos aplicables, cancelarán las licencias o permisos, temporal o definitivamente que hayan otorgado, cuando se acredite el mal uso de ellos.
Por tanto, primeramente, debe hacerse el trámite ante el Ayuntamiento para la observación y aplicaciones de las disposiciones reglamentarias del inmueble y sus instalaciones; obtenida la licencia o permiso, se tramitará el registro de funcionamiento de dicho centro ante la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, lo que conlleva a tener una comunicación estrecha entre estos entes, a efecto de proporcionar la información necesaria para este servicio.
Finalmente, las autoridades del sector salud a través del área correspondiente, deberán permanentemente inspeccionar las áreas físicas de los centros de tratamiento, verificar la implementación de los programas de tratamiento, supervisando la rehabilitación de las y los internos, así como el trato que se les esté otorgando; en caso de detectar violaciones a sus derechos humanos, podrá realizar las denuncias penales o de cualquier otra índole que corresponda. Además, cualquier persona que detecte las violaciones mencionadas, podrá también realizar las denuncias correspondientes.
El dictamen fue aprobado por mayoría, por lo que, en un plazo no mayor a 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, los ayuntamientos de la entidad realizarán las modificaciones de orden reglamentario y administrativo, necesarias para garantizar la correcta y oportuna ejecución de las nuevas funciones.