Atención, proximidad y escucha generan cambios en internos de centros especiales

 

 

*La académica Berenice Pérez expuso la situación de los menores infractores, a estudiantes de Trabajo Social.

 

Berenice Pérez Ramírez, académica de la UNAM, impartió la videoconferencia “Adolescentes privados de libertad: enseñanza sobre la salud mental” a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima. En su exposición afirmó: “La población de adolescentes internados en los centros especializados ha disminuido en los últimos años, pero los delitos cometidos son cada vez más graves, lo cual es preocupante porque tiene implicaciones para el resto de sus vidas”.

 

Según un estudio, en 2014 había 16 mil 885 adolescentes vinculados al sistema de justicia en México; de este total, el 93 por ciento eran hombres y el siete, mujeres. En el caso de la Ciudad de México, hasta mayo del 2020 había 141 adolescentes en internamiento y los principales delitos cometidos eran robo, homicidio, secuestro, violación, tentativa de homicidio y daños contra la salud.

 

En este mismo estudio, añadió, se entrevistó a 278 adolescentes, que representaban el 70 por ciento de los privados de la libertad en Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa; el 89 por ciento hombres y el 11, mujeres. Con relación a la edad, el ocho por ciento estaba entre 14 y 15 años, el 78, de 16 a 18, y el 15, mayor a 18. Los mayores de 18 años ya no son menores, pero cometieron el delito siendo menores de edad.

 

Casi la mitad de estos adolescentes privados de su libertad, el 47 por ciento, abandonó su casa por varios días o meses; los principales motivos que los llevaron hacerlo fueron la separación o la violencia entre sus padres y el maltrato o el abuso sexual hacia los propios adolescentes.

 

De ellos, el 41 por ciento sufrió algún tipo de maltrato o abuso durante su infancia; 37 por ciento señaló que cuando era maltratado nadie le brindó apoyo, el 40 dijo que en su núcleo familiar consumían alcohol con frecuencia, y el 21 que alguien en su núcleo familiar consumía drogas. De estos adolescentes, el 52 por ciento cursó o terminó el nivel secundario y el 17 por ciento cursó algún grado de la preparatoria o alguna carrera técnica.

 

En relación al uso y abuso de sustancias, el 44 por ciento señaló que consumía alcohol con frecuencia antes de ingresar al centro de internamiento, el 57 dijo que había consumido droga; el 52 por ciento dijo haber consumido marihuana, el 26 cocaína, 19 solventes, el 18 crack o piedra y el 20 por ciento consumía de manera frecuente diversos tipos de sustancias: marihuana, cocaína, crack, piedra, cristal, solventes, hongos, pastillas o heroína. El 60 por ciento de quienes consumían drogas, lo hacían diariamente.

 

Por otro lado, Berenice Pérez dijo que las mujeres jóvenes en la cárcel representan un subconjunto marginado que ha experimentado tasas desproporcionadamente más altas de privación; “esto augura el aumento de problemas de salud mental en encarcelamiento; en este sentido, las discapacidades de salud mental son comunes entre las adolescentes en México y Estados Unidos”.

 

También dijo que las adolescentes tienen más probabilidades de presentar trastornos internalizados como la ansiedad, depresión o la ideación suicida, en comparación con los externalizados, que son la agresión, el bullying o las conductas de oposición.

 

Destacó que la coincidencia entre la conducta delictiva y la discapacidad mental crea un nuevo estado de desviación para el sistema de justicia juvenil, porque se violan las normas sociales con respecto a la feminidad: “Esto significa castigos más punitivos, como el encarcelamiento en lugar de terapias o de otras formas de rehabilitación. En efecto, están siendo castigadas por no ser femeninas”. Esto es, subrayó, el encarcelamiento se convierte entonces en una forma de refeminización obligatoria, durante la cual las adolescentes son resocializadas para ajustarse a las normas y expectativas de género, como ceder ante la autoridad o volverse sumisas y obedientes”.

 

La violencia de género, dijo, “es una violencia política porque tiene efectos materiales en la vida de las personas; esto es, puede generar disociación, autodestrucción, impotencia, desvalorización de sí misma y genera confusión en las relaciones interpersonales; así, la violencia de género debe ser entendida en sus conexiones con otros indicadores igualmente violentos que se expresan en la sociedad actual”.

 

En un estudio que realizan con adolescentes en la Ciudad de México, comentó, “uno de los hallazgos que hemos tenido en el campo de la salud mental ha sido identificar que cuando ponemos proximidad, escucha y atención a la singularidad de la persona, ella puede resignificar su experiencia como algo importante y que debe ser contado; esto genera cambios subjetivos, lentos y poco perceptibles que requieren intervenciones de largo plazo”.

 

Por último, opinó, “el Trabajo Social se suele concebir como una acción racional, objetiva y con propósitos claros; sin embargo, en esta experiencia en trabajo de campo lo que encontramos es que lo racional no es lo que nos lleva a interactuar con los otros u otras, que podemos tener propósitos claros iniciales, pero el trabajo se verá trastocado en todo momento. Tenemos que estar atentas a escuchar a las personas y a la dinámica que vamos generando, porque eso no va dando pie a dar giros importantes en las intervenciones”.

 

 

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