El abogado colimense, Mtro. Víctor Torres López, señaló que toda actuación debe estar debidamente regulada, en caso contrario, habría consecuencias tanto en lo particular, como en lo general.
“Si un agente de tránsito ejerce jurisdicción en donde no la tiene, estaría incurriendo en un abuso de autoridad, cuya acción es considerada un delito”.
Plantear una controversia constitucional ante las posibles y numerosas invasiones de competencias en materia de tránsito por parte del orden de gobierno agraviado, sería la consecuencia general.
Existen estados de la República que en sus reglamentos de tránsito se establece que su aplicación compete a las autoridades estatales y municipales; esto significa que el Reglamento de Tránsito Estatal es el documento jurídico que respaldará la actuación de agentes estatales y municipales. Indicó Torres.
Pero hay entidades, cuyos reglamentos de tránsito solo son de aplicación estrictamente estatal, quedando obligados los municipios en consecuencia, a regular mediante sesión de cabildo para expedir sus propios reglamentos de tránsito municipal.