Cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en su último año del sexenio, esta semana se cumplen cuatro años de haberse ordenado la suspensión de clases de todos los niveles educativos, con motivo de la pandemia del Covid-19, lo que marcó el “cierre programado” de la economía mexicana, en aras de frenar los contagios.
El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó un acuerdo en el que informa sobre la “suspensión de clases de las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros (…) así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes de la SEP”.
De esta manera, más de 34 millones de estudiantes tuvieron que quedarse en sus casas de la noche a la mañana y aprender a estudiar a distancia ante la imposibilidad de acudir a las escuelas.
Más adelante, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Seguridad General del gobierno federal publicó el acuerdo que declaró como “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 –que desencadena el Covid-19—“, con lo que se abrió un periodo de “cuarentena”, que prolongó hasta fines de mayo.
A partir de estas disposiciones, los gobiernos federal, estatal y municipal y el sector privado enviaron a sus hogares a la mayor parte de su personal, para quedarse únicamente con el personal mínimo que permitiera mantener en funcionamiento las labores más indispensables.
Actividades esenciales y no esenciales
Asimismo, el gobierno federal identificó una lista de actividades económicas y de gobierno consideradas “esenciales” y que deberían mantenerse operativas en el periodo de “cuarentena”, entre ellas se encontraban: servicios de salud, seguridad pública, servicios logísticos, generación y distribución de electricidad e hidrocarburos, infraestructura de las comunicaciones y transportes, servicios de telecomunicaciones y medios de comunicación, agua potable y saneamiento, además de funerarias, ferreterías, agricultura, industria alimenticia, mercados, supermercados, servicios financieros y programas sociales del gobierno, entre otros.
Fuera de esta lista, las empresas tuvieron que cerrar actividades y aguardar el confinamiento obligatorio, lo que obligó a que las empresas de las industrias de la construcción, minera y automotriz se movilizaran para exigir que se les clasificara como actividades económicas “esenciales”.
Argumentaron que por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y su vinculación –principalmente las industrias automotriz y minera— con Estados Unidos y Canadá, no podían permanecer paradas, de ahí que el Consejo de Seguridad General aceptó reclasificarlas y les permitió programar su retorno a las operaciones.
La mayor parte de las actividades económicas se vieron afectadas por la orden de “quédate en casa”, de las cuales destacaron los servicios de hospedaje, viajes, turismo, restaurantes, comercio minorista –no relacionado con alimentos—, así como los servicios de esparcimiento, difusión cultural y práctica de deportes.
Así, la economía mexicana cayó 8.5% en todo el año 2020, el peor resultado en la historia contemporánea del país, incluso superior a la crisis de 2008-2009 y la de 1994-1995.
Solamente, en los segundo y tercer trimestres de 2020, el PIB cayó a tasas de 20.8% y 8.4% respecto a los mismos periodos del año anterior, derivado del paro obligatorio de labores.
Retorno a la “normalidad”
El sector industrial —manufactura, construcción, minería, generación de gas, agua y electricidad— se contrajo 10.2%, mientras que el sector terciario —comercio al menudeo, servicios financieros, de telecomunicaciones, transporte y turismo— enfrentó una caída de 7.9%.
La nota discordante fue el sector primario –agricultura, ganadería y pesca— que logró crecer 1.6% en 2020, dado que no sus labores no se interrumpieron.
A partir de junio de ese año, el gobierno federal ordenó el retorno paulatino de todas las labores económicas y sociales, pero con base en un “semáforo epidemiológico” por entidad federativa, que implicaba permitir un aforo determinado de trabajadores y clientes, así como la aplicación de las medidas de seguridad e higiene.
Esta reactivación de las operaciones tuvo que lidiar con alertas sobre incrementos de contagios de Covid-19, sobre todo en los meses de invierno, al tiempo que avanzaban las campañas de vacunación, primero entre los grupos sociales más vulnerables, de tal forma que la reapertura total de la economía pudo concretarse hasta 2022.
En el camino, 1 millón 10,857 empresas tuvieron que cerrar sus puertas, la mayoría de ellas micro, pequeñas y medianas (pyme), ante la pérdida de ingresos que implicó el confinamiento y el lento restablecimiento de las actividades productivas, según el documento Demografía de los Negocios 2020, que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Lo anterior implicó el despido de 4.12 millones de trabajadores, tres millones de los cuales correspondían a las empresas que cerraron, mientras que otra cantidad de 1.15 millones fueron desincorporados de las compañías que se mantuvieron a flote.
Pérdidas económicas millonarias
Además, los sectores más afectados por la crisis por la pandemia del Covid-19 enfrentaron pérdidas millonarias.
Por ejemplo, Grupo Aeroméxico tuvo pérdidas por 42,549 millones de pesos (mdp) ante un desplome de los viajes, mientras que la industria hotelera enfrentó una caída de 46% en la llegada de turistas extranjeros, lo que supuso una contracción de 13,000 millones de dólares (mdd) de ingresos, según estimaciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
Aun cuando las actividades “esenciales” se mantuvieron en operaciones, en medio del confinamiento, no salieron indemnes, ya que las medidas de restricción a la movilidad a nivel internacional provocaron la interrupción de las cadenas de suministro.
El caso más conocido fue la industria automotriz que ha tenido que lidiar con la escasez de semiconductores, ante una menor demanda de estos insumos en 2020 y la disminución de su producción.
La economía mexicana concluyó el año pasado, con una tasa de crecimiento de 3.2%, con lo que ha logrado superar la crisis por la pandemia del Covid-19, sin embargo México ha sido de los países emergentes que más se tardó en recuperarse, ya que el gobierno mexicano no otorgó incentivos fiscales, ni subsidios a las empresas, no obstante la insistencia de apoyar a las más vulnerables que son las pyme.
Con información de Fortuna y poder.