Con el fin de deslindar responsabilidades y fincar las sanciones correspondientes en caso de existir irregularidades, la diputada Ana María Sánchez Landa, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig), propuso que la Comisiones de Responsabilidades y la que ella preside, “realicemos la revisión detallada del caso, donde ex funcionarios de la administración estatal que encabezó Mario Anguiano Moreno, les fue concedido el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la sanción impuesta por la 58 Legislatura, mediante el Decreto 613, aprobado en septiembre del 2018”.
Expuso que en el caso del ex secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, el motivo de la concesión del amparo, fue porque el Poder Legislativo local faltó al principio de congruencia y por lo tanto, violentó los derechos a dicho ex funcionario, quedando por consecuencia insubsistente la sanción que le había sido impuesta.
En tribuna, la legisladora del PT expresó que deberá presentarse a esta Soberanía el resultado de esa revisión, toda vez que dijo estar convencida de que cada quien es responsable de sus actos y por consecuencia, sí existen irregularidades, que se investiguen y en su caso se sancione a quien o quienes las hayan cometido.
El resolutivo del Juzgado de Distrito que en el propio decreto de sanción se menciona el trabajo realizado por el Osafig, en la auditoría excepcional practicada a la contratación del crédito, contiene una serie de inconsistencias, errores y deficiencias, respecto a las imputaciones que hace a dicho ex funcionario.
Refirió que en tribuna se han fijado algunos posicionamientos que sugieren posibles actos de corrupción a cargo de la actual titular de Osafig, Indira Isabel García Pérez, con relación a la mencionada resolución judicial, y expresó que dicho auditoría inició en el año 2015 y quien firmó el informe de resultados de la auditoría excepcional fue el entonces auditor superior Armando Zamora González, y no la actual titular.
Por ello, consideró que “debemos conducirnos con la verdad y actuar con transparencia a efecto de que el pueblo de Colima, juzgue por sus actos a quienes realmente hayan incurrido en una falta o responsabilidad en ejercicio de sus funciones y no a quien en determinado momento nos resulta incómodo o no goce de nuestras simpatías”.
Advirtió que en caso de existir alguna responsabilidad por dichas fallas, en todo caso le son imputables a quien realizó la auditoría excepcional cuestionada, que en el anterior titular de Osafig y no la actual.
Señaló que hasta el momento no ha observado conducta alguna que se aparte del marco legal vigente y en caso de así advertirlo, dijo que será la primera en señalarlo y realizar la investigación necesaria hasta su total esclarecimiento, para proceder conforme a la Ley.