*Dejó copia de los recibos de pago expedidos por Sedena tras los depósitos de Gobierno del Estado para la adquisición del predio de la ex zona militar
El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en su comparecencia en el Congreso del Estado, exhibió los recibos de pago que generó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el depósito de recursos que le hizo el Gobierno del Estado para adquirir el predio urbano de la antigua Zona Militar.
Ante las y los diputados de la 59 Legislatura, el mandatario estatal precisó que no existe ninguna operación fuera de lugar, con respecto a la operación de adquisición del predio urbano donde se ubicó la XX Zona Militar y, que con estos documentos probatorios se pone fin a las especulaciones.
Indicó que la recuperación del predio de la ex zona militar es para beneficio de la ciudad, “no fue una ocurrencia personal, sino el resultado de un antiguo anhelo por reaprovechar de mejor forma el área, promoviendo la reubicación de los militares en un lugar más adecuado para el cumplimiento de sus funciones”.
Dijo que en algunos casos las carencias informativas lleven a conclusiones erróneas, pero también debe reconocerse que en otras ocasiones la obsesión por adjudicar al gobierno defectos de corrupción, que no tiene, llevan a emisiones de mensajes mal intencionados.
“Espero que en esta ocasión se trate de la primera hipótesis, pues de otra forma se dilapida mucho tiempo institucional en aclarar lo que ya era claro, con una simple revisión de los documentos disponibles o con una reflexión básica en torno a la información solicitada”, agregó.
El gobernador dejó en claro que, de cualquier forma, confirma su disposición a asistir a las convocatorias emitidas por el Congreso del Estado, como lo ha comprobado hasta el momento.
Al abundar sobre el tema de la comparecencia expuso que el Gobierno del Estado de Colima y la Sedena celebraron un Acuerdo de Coordinación, por obra del cual la Sedena realizó los trámites para poner a disposición del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), el predio que ocupa el Campo Militar número 20-A, para que se desincorporara a favor del Gobierno del Estado, una vez que hubiera concluido con la construcción y equipamiento de sus nuevas instalaciones y con los recursos económicos que le proporcionaría el propio gobierno estatal.
Por su parte, el Gobierno del Estado concluiría el trámite de donación a favor del Gobierno Federal, con destino a la Sedena, del predio que ocuparían las nuevas instalaciones, además de entregarle 493 millones 500 mil pesos para la construcción y equipamiento de instalaciones militares, en el predio en el que se reubicarían los elementos militares.
Peralta Sánchez detalló que como parte del Acuerdo, la Sedena pidió al INDAABIN retirar el predio del servicio de uso militar, que se ubica en Calzada Galván, desincorporarlo del Patrimonio Inmobiliario Federal y entregarlo a título gratuito al Estado.
Posteriormente, el Gobierno Estatal y la Sedena realizaron dos acuerdos modificatorios, que incrementaron la donación de recursos a la dependencia federal por un monto total de 497 millones 978 mil 264 pesos, que se entregaron en ocho transferencias bancarias.
Señaló que en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de noviembre de 2018, se publicó el Acuerdo Administrativo de desincorporación del régimen de dominio público de la Federación y autorización de la donación a favor del Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima, respecto del predio en el que se ubicaba la Zona Militar.
Con fecha 30 de enero de 2019, se formalizó el contrato de donación ad corpus, en cumplimiento al Acuerdo Administrativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2018, que otorgan por una parte el Gobierno Federal, en su calidad de donante y por la otra parte, el Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima, en su calidad de donatario, respecto del inmueble ubicado en la Calzada Pedro A. Galván.
El Gobernador recordó que en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición número 70, suplemento Núm. 1, de fecha 28 de septiembre de 2018, se publicó el Decreto No. 617, por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva por un monto de hasta 410 millones de pesos para destinarse a seguridad pública, adquisición de tierras, terrenos o predios urbanos y salud.
Además, se estableció que el o los financiamientos que contrate el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, con base a la autorización, serán destinados a inversiones públicas productivas, entre ellas: la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad de Colima, por un monto de hasta 200 millones de pesos.
En seguridad pública, en la construcción del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), en la ciudad de Colima, se destinan 150 millones de pesos.
Y para Salud, se tiene contemplado 60 millones de pesos en la construcción y equipamiento de dos unidades de cuidados intensivos neonatales, en los municipios de Manzanillo y Colima.
Durante la comparecencia, el titular del Ejecutivo afirmó que las operaciones establecidas en la adquisición de los terrenos de la antigua zona militar fueron totalmente legales y revisadas por las instituciones participantes.
La solicitud de autorización del crédito al Congreso del Estado se realizó cuando existe una certeza de la operación y únicamente 200 millones porque el resto de los recursos fue posible cubrirlos sin necesidad de un crédito.
Asimismo, aclaró que se cumplió el objetivo del crédito: “El crédito se destina para los fines que fue contraído. Ahí está ya el predio y una comisión autónoma está trabajando para decidir su destino, conforme al interés superior de la sociedad colimense”, sostuvo.
De conformidad a la legislación aplicable, con fecha 11 de octubre de 2018, la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin) publicó la convocatoria a través de invitación por escrito a siete instituciones financieras para presentar ofertas de financiamiento hasta por 410 millones de pesos.
Una vez realizado el análisis comparativo de las ofertas, con fecha 8 de noviembre de 2018, la Seplafin emitió el fallo del proceso competitivo, en el cual adjudicó a Banobras el financiamiento por hasta 410 millones de pesos, al haber presentado la oferta de financiamiento con mejores condiciones de mercado, es decir, la oferta más barata.
Así, el 27 de noviembre de 2018, se celebró el Contrato de Apertura de Crédito Simple entre el Gobierno del Estado y Banobras.
Tras inscribir el financiamiento ante el Registro Público único, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 24 de diciembre de 2018, se realizó la primera disposición por un monto de 200 millones de pesos y en fecha 27 de marzo de 2019 se realizó una segunda disposición por 43 millones 200 mil pesos, quedando un monto por disponer de 166 millones.
Finalmente, el Gobernador sostuvo que todos los procesos del financiamiento, desde su autorización, contratación y registro han estado apegados a las disposiciones jurídicas aplicables.
Al ser cuestionado por los legisladores locales, el gobernador respondió puntualmente a cada una de las interrogantes, dejando en claro la legalidad y transparencia de todo el proceso.
