* Poder Legislativo instruyó a Osafig para iniciar el procedimiento de investigación
El Poder Legislativo aprobó el punto de acuerdo presentado por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, para que el Congreso de Colima a través de su representante jurídico, formule ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia contra servidores públicos de diversas dependencias estatales y municipales, por el presunto delito de desvío de cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL).
La denuncia es contra servidores públicos del Gobierno del Estado, DIF Estatal, la propia Fiscalía, así como los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, que pudieran resultar imputados por el hecho que la ley señala como delito previsto en el Código Penal para el Estado de Colima.
También instruyó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), para que en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, inicie el procedimiento de investigación para fincar responsabilidad administrativa contra el ex director y del actual director del IPECOL.
Estas acciones deberán realizarse en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, señala el propio documento que fue avalado por el Pleno de Congresistas.
La legisladora de Morena expuso que el tipo penal de desvío de cuotas y aportaciones consiste en que un servidor público descuente dinero a personal de una entidad pública y omita destinarlas a lo que estaban previstas, o los aplique a fin distinto al establecido, con lo que se incumple la obligación de enterar las referidas cuotas o aportaciones a determinadas instituciones públicas, sociales o privadas.
Dijo que es una conducta susceptible de presentarse y qué mejor que disuadirla por la vía penal, porque es un clamor social el que se aplique todo el rigor de la ley a este tipo de conductas, que afectan el patrimonio de trabajadores aprovechándose de un cargo público.
Claudia Aguirre recordó que desde esta tribuna ha realizado distintas acciones para que IPECOL cumpla sus obligaciones y cobre a los entes públicos las aportaciones que no han sido entregadas, sin embargo por miedo o incompetencia este Instituto ha fracasado en dicho objetivo.
“Es notorio el caso de su ex director, que prefirió renunciar a afrontar las consecuencias legales de su negligencia, creyendo ingenuamente que con su renuncia evadiría las consecuencias legales de su pésima actuación”, señaló la legisladora local del Grupo Parlamentario de Morena.
Añadió que con el nuevo director es igual, pues ha quedado claro que obedece a intereses ajenos al bienestar del Instituto de Pensiones y los trabajadores a quienes debería servir; basta recordar que hace unas semanas el Congreso le pidió, en un acto de buena voluntad, enviara a esta Legislatura un informe de las acciones que ha emprendido para la recuperación de los adeudos.
Sin embargo, consideró dicha respuesta como “mediocre y pusilánime”, evidenciando la implementación de una estrategia dilatoria para evitar el ejercicio de las acciones legales que tiene a su alcance y que por supuesto que perjudicaría los intereses de quienes lo llevaron a dicho puesto.
Ante la falta de acciones contundentes del IPECOL y debido a la urgencia de acabar con esta mala práctica que constituye actos de corrupción, y dado que este tipo penal no requiere de querella alguna para su investigación, se propone que esta Legislatura presente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para realizar la investigación correspondiente.
Aguirre Luna estimó que esa investigación no es complicada, pues basta acreditar que después de febrero de 2019 no se entregaron al IPECOL las cuotas correspondientes para que quedé acreditado el ilícito. El mismo Instituto de manera gris y mediocre ha evidenciado que los entes mencionados le adeudan aportaciones, siendo suficiente dicho dato para dar trámite y entrada a esta denuncia.
PRIMER PAQUETE DE DENUNCIAS
La Diputada recordó que aunque son diversos los entes que adeudan al Instituto de Pensiones, se optó por un primer paquete de denuncias, tomando como criterio los entes que más adeudan hasta abril de 2019 a IPECOL, que es la última fecha que se tiene disponible pues a partir de dicho periodo el propio IPECOL se ha rehusado a transparentar los adeudos, no obstante que por obligación debe ser información pública.
Por todo lo anterior, el Congreso del Estado instruya al Osafig para que inicie el procedimiento de investigación y fincar la responsabilidad administrativa contra el ex director y actual director de IPECOL, quienes con su actuar incumplieron sus obligaciones legales, causando perjuicio a las finanzas del Instituto a su cargo.
Con esta inacción de ambos funcionarios, las y los trabajadores de las dependencias públicas han visto menguadas sus pensiones, préstamos y servicios médicos, lo que representa faltas administrativas graves en términos de la ley general de responsabilidades administrativas, concluyó la legisladora Claudia Aguirre.
