*Este mes se presentaron quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) con sede en Washington.
Alfredo Quiles Cabrera
El ex magistrado Numerario Tribunal Electoral del Estado de Colima (noviembre de 2004 a febrero de 2013), Ángel Durán Pérez, dio a conocer que “varios” litigantes que participaron en la convocatoria para elegir a nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima presentaron “quejas” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, en contra del Estado Mexicano”.
Durán López, uno de los participantes en dicha convocatoria, explicó que esta “queja” se presentó “en la primera semana de septiembre de 2020”.
Explicó, a través de una columna que publica en el periódico El Universal, que “el motivo del reclamo de los y las actores, es porque denuncian que México no garantiza la autonomía e independencia del sistema de justicia, señalan que a jueces y magistrados se les designa de forma discrecional y por decisiones políticas y no jurídicas, menos por méritos y capacidades; siendo uno de los motivos del atraso del poder judicial en nuestro país”.
El litigante en su artículo señala que “el origen de las inconformidades se da en el Estado de Colima, donde el Gobernador nombra, sin procedimiento, sin transparencia y con la anuencia del Presidente del mismo Poder Judicial a tres magistrados y una magistrada, por decisiones meramente políticas, ignorando y desdeñando la intención de competir de varios miembros del Poder Judicial con experiencia y profesionalismo, mostrado en el ámbito de justicia, así como a varios juristas reconocidos, muchos con méritos y capacidades para desempeñar el cargo”.
Agrega que “eso no le importó al ejecutivo, los designó y el Congreso para pronto los aprobó y les tomó protesta”.
Expone que “inconformes, quienes no fueron tomados en cuenta, (entre ellos jueces y juristas independientes) promovieron juicios de amparo en los tribunales federales radicados en Colima, y lo que se pidió, fue, que a los magistrados del poder Judicial se les debe designar, a través de exámenes de oposición y que se pidiera como requisito en la convocatoria, (no se hizo convocatoria) que se demostraran méritos y capacidades a los participantes”.
Dichos amparos se radicaron en la Segunda Sala, bajo la siguiente nomenclatura; Amparo en revisión 613/2019, Amparo en revisión 646/2019, Amparo en revisión 788/2019, Amparo en revisión 784/2019 y Amparo en revisión 871/2019, dictando la SCJN una sentencia sorpresiva y violando la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, también se aparta de la jurisprudencia de ONU, al ya no coincidir en las reglas específica para designar a juzgadores.
Según el ex Magistrado Electoral la Corte sostuvo que “los ejecutivos de los Estados, pueden nombrar magistrados y magistradas de forma discrecional, si así se los permite su marco jurídico local, omitió señalar lo que dicen los tratados internacionales sobre este tópico y eso está prohibido de acuerdo al sistema interamericano y a nuestra propia Constitución art. 1º.”
Concluye señalando que “por eso, es que, ante la determinación de la SCJN, los quejosos acudieron a tribunales internacionales a demandar al Estado Mexicano, por violar la autonomía del sistema de justicia”.
Lamentó “el precedente de la Corte, ésta sabe, que un elemento para avanzar en el fortalecimiento del poder judicial, es lograr la plena independencia de los tribunales de justicia y un requisito importante, es, elegir a los y las juzgadores más capaces. Esto apenas empieza y ahora el fortalecimiento del sistema de justicia en México, está en manos de un organismo internacional”. (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-duran/la-designacion-de-magistrados-en-colima-revision-por-un-organismo-internacional).