El Magistrado presidente, Bernardo Alfredo Salazar Santana, así como magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal del Justicia, asistieron al Congreso del Estado para solicitar el apoyo de las y los legisladores locales con la finalidad de que puedan hacer las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se liberen recursos y poder pagar las quincenas pendientes.
Bernardo Alfredo Salazar manifestó que, la información que se tiene por parte de las autoridades financieras, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no ha autorizado la aplicación de los recursos que ya fueron avalados para que se paguen dichas quincenas adeudadas, desconociendo las razones de esta falta de autorización.
Por lo que solicitaron al Poder Legislativo que, se lleven a cabo urgentemente las gestiones oportunas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, o ante las instancias que procedan, para que, a la brevedad posible, se radiquen los recursos necesarios para atender las necesidades institucionales, principalmente lo relativo al pago de salarios.
Es importante precisar que, la secretaría de Finanzas del Estado no ha ministrado al Poder Judicial, el dinero correspondiente a la nómina relativa a la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, lo que representa un grave incumplimiento a la obligación que tienen las autoridades financieras y recaudadoras del Ejecutivo, de entregar puntual y oportunamente al Judicial, los recursos autorizados por el Legislativo.
Tal situación ha ocasionado una grave crisis económica en agravio del personal de este Poder Judicial, pues al no contarse con el presupuesto necesario para cubrir salarios y demás compromisos pecuniarios, al día de hoy, como ya se dijo, se adeudan las quincenas correspondientes a la segunda de septiembre y la primera de octubre, y en esta misma semana se acumularía la relativa a la segunda de octubre, sin que a la fecha se tenga noticia cierta respecto a cuándo se regularizaría tal situación.
Agregó que, con esta acción, se transgreden los derechos humanos de la plantilla laboral de este Poder, se compromete también la debida Administración de Justicia, dado que, como también es de conocimiento público, existe un movimiento interno de protesta laboral alimentado precisamente por la falta de pago oportuno de salarios, movimiento que comienza a causar estragos en perjuicio de los justiciables, la abogacía y el público en general.