Este miércoles, el pleno del Congreso de Colima aprobó desincorporar dos bienes, propiedad del Gobierno del Estado en beneficio de la Fiscalía General del Estado, lo anterior, “con el propósito de se establezca legalmente y se fortalezca el Centro de Justicia para las Mujeres en esta Ciudad de Colima y de que se construya el Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Manzanillo”.
El documento leído en tribuna por la diputada, Andrea Naranjo, de la bancada de Morena, ahonda en que el primer terreno desincorporado, se trata del “del bien inmueble con superficie de 3,901.99 m2del predio que se identifica con la Clave Catastral 02-01-20-063-001-000, ubicado en el Lote 01, manzana 19, en el Fraccionamiento San José Norte, localizado en la Estancia de esta Ciudad de Colima, Colima”.
El segundo predio es el “correspondiente a una fracción con una superficie de 2,600 m2 del predio con la Clave Catastral 07-01-18-411-001-000, ubicado en el Lote Terreno Urbano marcado con el Número 01 de la manzana 411 en el Fraccionamiento Soleares, mismo que se localiza en el Barrio IV, ubicado en el Desarrollo Urbano Valle de las Garzas en Manzanillo, Colima”.
El dictamen también establece que “Se otorga un plazo de 24 meses contados a partir de la entrega de los inmuebles mencionados, para que la Fiscalía General del Estado lleve a cabo el objeto de la donación a favor del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de Colima y del Centro de Justicia para las Mujeres el municipio de Manzanillo, Colima, en caso contrario procederá la reversión con todos los accesorios que en él se hubieran construido a favor del Estado o el Municipio respectivo”.
Además, “el Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular para denunciar ante la Secretaría Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias presentadas”.
La desincorporación fue aprobada por 21 votos a favor, la iniciadora de la propuesta, fue la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva.