El fútbol argentino correrá este lunes el riesgo de vivir una de las jornadas más tristes de su historia, cuando la FIFA tome notificación formal del rechazo de la AFA a la intervención de un “Comité de Regularización” y, según la interpretación que haga de esta negativa, pueda determinar la prohibición a clubes y seleccionados del país para jugar competencias internacionales.
Un dato sugiere una tendencia de lo que será la lectura de la FIFA: la respuesta de la AFA obedece a una orden de la jueza María Romilda Servini, quien lleva adelante la causa por el manejo de los fondos del plan estatal Fútbol para Todos. “Es una intervención judicial”, analizaron directivos de distintos clubes locales, algo que los estatutos de la entidad madre del fútbol internacional prohíbe taxativamente.
En lo inmediato, la preocupación por una desafiliación sobrevuela a Boca Juniors (el 7 y el 14 de julio debe jugar las semifinales de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, de Ecuador); a River Plate (en agosto afrontará la Recopa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, de Colombia); y al mismísimo seleccionado argentino, al que, tras la Copa América Centenario, le espera la continuidad de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 (el partido más cercano será la séptima fecha, con Uruguay, en septiembre) y a la selección de fútbol sala que participará del mundial a disputarse en Colombia desde el 10 de setiembre.
La AFA en los últimos tiempos se partió en dos: un sector encabezado por el presidente de Independiente, Hugo Moyano, con quien se encolumnan clubes chicos, del ascenso y del Interior; y otro liderado por las dos instituciones más grandes del país, Boca y River (con sus titulares respectivos, Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio), que impulsan la creación de la Súper Liga.
El conflicto fue a tal punto escandaloso que al escenario de la AFA se fueron subiendo otros actores: la Inspección General de Justicia (IGJ), que suspendió las elecciones previstas para el 30 de junio y envió a dos “asesores”; la jueza Servini, quien designó a tres veedores para profundizar la investigación sobre el manejo de los fondos del programa Fútbol para Todos (FPT); la empresa estadounidense Turner, cuyos emisarios ya elevaron una oferta por la televisación de la Primera División; y el propio gobierno nacional, que justamente suspendió la licitación para la venta de los derechos de la TV “hasta aclarar el panorama”.
La decisión de la IGJ, mientras tanto, fue apelada por dos de los candidatos a la presidencia de la AFA (Moyano y su yerno, Claudio Chiqui Tapia, titular de Barracas Central). Nicolás Russo (Lanús) y Armando Pérez (Belgrano de Córdoba) no recurrieron al amparo; y Marcelo Tinelli (vice de San Lorenzo), había declinado previamente su postulación. La justicia, no obstante, refrendó la suspensión.
El estado de las cosas empujó a la entidad rectora del fútbol mundial, que a su vez intenta salir de su propio escándalo (el FIFA-Gate desatado exactamente un año atrás por casos de corrupción), a enviar una comisión de dos dirigentes para analizar las salidas posibles.
Así, mientras Servini llamó a una audiencia a todos los integrantes del Comité Ejecutivo y a los veedores de la IGJ para analizar los pasos a seguir, el lunes la FIFA responderá al rechazo de la AFA para su intervención y podría dejar el escenario inédito del aislamiento del fútbol argentino.
Allí, más allá de lamentos y negociaciones, se anticipa otra pelea: la de desligarse del altísimo costo político que tendría esta conclusión.