Por Guillermo Ramirez Zavala
Seguimos dando pasos entre caminos de lamentos, que exigen justicia, que exigen el cese de la violencia y que exigen no más impunidad, seguimos caminando en los resultados del 2016 de un Colima con una incidencia del 1º lugar nacional en víctimas como resultado de los homicidios dolosos. esto mencionado en la revista proceso el 23 de enero del 2017, concluyendo a la vez un 2016 en el Estado de Colima como el estado más violento del país, según datos difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y este despertar de violencia e incertidumbre no sucumbe con el pasar de las fechas ya que este 2017 según el Universal en la nota del 7 de febrero del año en curso, en comparación de Enero del año pasado aumento más del doble exactamente en un 152% los asesinatos en el Estado, esto mismo lo confirma la Jornada en su nota “Asesinatos dolosos rompen récord de Colima por número de habitantes” en la nota publicada el 22 de febrero del 2017; así mismo entre preguntas y dudas sobre el impacto de las acciones en pro de la seguridad ciudadana, el 23 de febrero del presente año, Colima seguía haciendo presencia en la incidencia delictiva de homicidios dolosos, lo mencionaba el Universal en su nota “Alcanzan Colima y BCS cifra histórica en homicidios”; es inevitable pasar desapercibida esta situación la cual como ciudadanos nos incumbe a todos, la gravedad de la situación se visualiza en palabras de Fabiola Martínez “Coima, como se ha difundido, atraviesa por una crisis no vista desde 1997” esto publicado el 1º de Marzo del 2017 en la Jornada nota que lleva por nombre “Crecen niveles de homicidios dolosos”.
No por nada y resultado de lo anterior hace unos días se presentó el informe Índice de Paz México por el Institute for Economics and Peace, donde se identifica a Colima dentro de los últimos lugares con escasos índices de paz, que factor ha llevado a desencadenar esto?, desde mi punto de vista creo que la problemática esta en la estructura de la seguridad pública en el Estado. A pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los índices de la delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos.
Como resultado de esto es la inseguridad ante las autoridades y la inseguridad en general a la comunidad en la que se vive, esta representación subjetiva de inseguridad, esta determinada por múltiples elementos que día a día se manifiestan en la falla deontológica del agente de la seguridad pública, llevando a mermar la calidad de vida de las personas en una sociedad, generando alteración en los hábitos cotidianos, contrarrestando la libertad, inhibiendo hábitos y condicionando actividades, lo que permite el desarrollo de afectaciones psico-somáticas y psico-sociales, como lo son el estrés, la ansiedad, el rechazo de contactos sociales entre la población colimense.
Si Colima quiere alcanzar su máximo potencial, necesita garantizar a cada persona el derecho a la seguridad y un acceso equitativo a la justicia.