A solicitud de la Diputada priista Graciela Larios Rivas, el Congreso del Estado citó a la secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado, Gisela Irene Méndez, para que informe sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Movilidad Sustentable en materia de circulación de transporte contratado mediante aplicación móvil.
Al someter a consideración del Pleno su propuesta, Larios Rivas mencionó que en días pasados, líderes de taxistas, choferes y concesionarios denunciaron que vehículos privados levantaban pasaje y cobraban en efectivo, contraviniendo con ello disposiciones contenidas en los artículos 170, 171, 172, 173 y el transitorio 24 del decreto aprobatorio de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima.
Consideró necesario se cumpla puntualmente con la cantidad máxima de automóviles que pueden prestan el servicio arrendado a través de aplicaciones móviles, en virtud de que concesionarios y choferes ven con preocupación el hecho de que cada día hay más vehículos que prestan el servicio público en esa modalidad.
En ese sentido, recordó que la mencionada Ley de Movilidad señala que la flota de ese tipo de vehículos no debe superar el 4 por ciento del total del parque vehicular del servicio de transporte público individual motorizado en todas sus modalidades.
Graciela Larios dijo que Gisela Irene Méndez, en la reunión programada para el jueves 16 de febrero a las 11 horas, deberá informar cuántas empresas de ese tipo están constituidas actualmente, cuántas están en proceso y las acciones que efectúa la Secretaría para que ese tipo de servicio no se cobre en efectivo y no hagan base o sitio.
El Acuerdo, aprobado en votación unánime, señala también que la titular de Movilidad deberá mencionar las acciones efectuadas por la Secretaria a su cargo para controlar y sancionar a esas modalidades que prestan el servicio sin el permiso correspondiente.
Larios Rivas mencionó que concesionarios y choferes del transporte público ven con preocupación el hecho de que cada día hay más carros que están prestando el servicio de transporte por arrendamiento vía aplicación tecnológica sin cumplir con la regulación legal vigente.
La preocupación mayor, expresó, radica en que al usar este servicio, el usuario no tiene la certeza de que utiliza un transporte seguro, porque no cuentan con seguro de viajero ni con los requisitos básicos para prestar el servicio público.