Michel Temer, tercero por la izquierda, durante su toma de posesión como
presidente a plenitud de Brasil, en un breve acto en el Senado, poco después
de que esa cámara legislativa dictaminase la destitución de Dilma Rousseff
como mandataria.
La destitución de la ya expresidenta Dilma Rousseff, este miércoles 31, cierra un capítulo turbulento de la crisis de Brasil, pero no despeja las incertidumbres que amenazan la
política y la economía de la potencia latinoamericana.
La primera mujer de la historia en gobernar Brasil fue condenada por el
Senado, convertido en tribunal, a dejar el cargo que ostentó desde el primer
día de 2011, cuando 61 senadores la consideraron culpable y solo 20 inocente
de irregularidades en el manejo del presupuesto, en la culminación de un
juicio iniciado el día 25.
Poco después asumió con plenos poderes el desde el 12 de mayo mandatario
interino, Michel Temer, quien afronta desafíos que exigen medidas
impopulares y al que respaldan partidos que tienen buena parte de sus
parlamentarios acusados de corrupción o bajo investigación del Ministerio
Público (fiscalía).
El mismo Temer, un político gris y sin carisma, está involucrado en
denuncias que le atribuyen haber negociado aportes ilegales a campañas
electorales de su centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB).
El presidente, los diputados y senadores solo pueden ser juzgados por el
Supremo Tribunal Federal (STF) y resulta improbable que haya una cualquier
sentencia contra Temer en esa corte antes de que acabe el actual cuatrienio
constitucional.
Temer también enfrenta una demanda en la Justicia Electoral para impugnar su
elección en 2014 como vicepresidente de Rousseff, bajo la acusación de abuso
de poder económico y político. Otras denuncias de corrupción agravaron la
situación judicial de ambos.
El dictamen sobre este caso se espera para 2017 y podría anular el resultado
de los últimos comicios. Si ello sucede, el parlamento escogerá un nuevo
presidente, para completar el mandato que culmina el último día de 2018.
La operación Lava Jato (autolavado), que investiga la corrupción en los
negocios de la empresa estatal Petrobras y que ya llevó a la cárcel a
decenas de empresarios y políticos, amenaza provocar bajas masivas en el
parlamento, cuando el STF empiece a juzgar los diputados y senadores
involucrados.
Hasta que eso suceda, las denuncias serán una sombra sobre la legitimidad de
un gobierno débil y sometido al bombardeo de la nueva oposición de
izquierda, que lo acusa de ser producto de un “golpe de Estado
parlamentario”, como repitió decenas de veces Rousseff en su aguerrida
defensa en el juicio de destitución, el lunes 29.
La destitución de la expresidenta, suspendida ya del cargo desde el 12 de
mayo, significa también la salida del poder del Partido de los Trabajadores
(PT), que gobernó este país de 204 millones de personas desde 2003, con su
máximo líder, Luis Inácio Lula da Silva (2003-2011) y su sucesora Rousseff.