Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en lo general dos de las leyes que forman parte de la legislación secundaria para el combate a la corrupción.
Los legisladores avalaron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer las bases de coordinación entre la federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento de este sistema, y que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen estas faltas.
La madrugada de este martes, los senadores aceptaron también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que busca determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este organismo.
Las comisiones dictaminadoras acordaron que las reservas a estos dos dictámenes se presenten y discutan en la sesión extraordinaria del Senado, y que para este martes se analice y, en su caso, se apruebe en comisiones el dictamen relativo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, el senador priista Enrique Burgos García señaló que su objeto es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los órganos de gobierno.
Ello, agregó, en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Además se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo fin es establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes de los mismos promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias, encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, explicó.
Burgos García señaló que la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción estará conformada por la información que incorporen las autoridades integrantes de este.
Mencionó que la plataforma contará con los sistemas de Evaluación Patrimonial y de Declaración de Intereses; Nacional de Servidores Públicos Sancionados; de Información y Comunicación; Nacional de Fiscalización, y el de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.
A su vez, la senadora Laura Rojas Hernández, del PAN, indicó que el dictamen que presentan las comisiones retomó más de 60 por ciento del proyecto de iniciativa presentada por su grupo parlamentario.
Además, subrayó que el proyecto cumple de manera satisfactoria la parte del proceso del sistema de prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción.
El objetivo del Sistema Nacional tiene una estrecha conexión con la parte penal, tanto con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción como con las reformas al Código Penal, que también se plantean como parte de la reforma, argumentó.
Rojas Hernández también destacó que el sistema busca generar una política pública de Estado, que el país hoy no tiene, para combatir la corrupción, y se contará con instrumentos de medición de esta actividad ilícita.
Con esta ley, agregó, se da estabilidad y formalidad a los trabajos realizados en más de 10 años por auditores y contralores, a fin de establecer lineamientos que favorezcan la auditoría externa e interna en las diferentes esferas de gobierno.