Garantizar los derechos humanos de los migrantes que pasan por nuestro país, asesorarlos integralmente a través de las instituciones mexicanas, considerar la posibilidad otorgar a los migrantes un status de refugiados e investigar dos casos muy delicados de abuso contra refugiados centroamericanos en Amozoc, Puebla y en la autopista Orizaba-Puebla.
Los anteriores son los términos de las cuatro peticiones que está haciendo el Legislativo Federal al Gobierno de la República, a través de un Punto de Acuerdo que acaba de presentar en tribuna la Diputada Federal del PRD colimense, María Luisa Beltrán Reyes, documento que fue signado por el Grupo Parlamentario del sol azteca, a solicitud del legislador Felipe Reyes Álvarez.
En dicho documento legislativo, presentado como un “llamado de acción urgente” al Ejecutivo Federal, se expone que del año 2015 a la fecha el flujo migratorio de personas de Centro y Sudamérica ha crecido considerablemente, teniendo como causas principales la pobreza y la violencia; tan sólo en el año 2005 hubo un incremento migratorio del 64.17%, registrando una expulsión de 118 mil migrantes, en comparación con Estados Unidos, que expulsó de su territorio a 55 mil.
Por otra parte, en el Punto de Acuerdo se hace pública una denuncia sobre una casa de seguridad de Amozoc, Puebla, donde fueron localizados 90 migrantes; además, en la autopista Orizaba-Puebla, fueron rescatados 108 migrantes, debido al abuso sexual de que habían sido objeto 2 menores de edad, que escaparon y dieron aviso a la autoridad; en este sentido, el Programa Frontera Sur, implementado por la autoridad mexicana en el sur del país, viene propiciando que los migrantes sean todavía más vulnerables, porque este esquema los vuelve invisibles.
Por lo anterior, el Punto de Acuerdo de la Diputada Federal colimense, María Luisa Beltrán, con carácter urgente, demanda del Ejecutivo Federal cuatro líneas de trabajo: garantizar los derechos humanos de los migrantes; orientar y asesorarlos legalmente; darles status de refugiados a quienes no cuenten con garantías de seguridad en sus países de origen y, finalmente, investigar los casos de Amozoc y de la autopista Orizaba-Puebla, para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.